Desorden territorial y economías ilegales.
El desorden territorial en Colombia es un fenómeno histórico profundamente arraigado, cuyas consecuencias se manifiestan en la proliferación de economías ilegales, la degradación ambiental y los persistentes ciclos de violencia. Este entramado problemático no solo refleja falencias estructurales del pasado, sino también retos actuales que limitan el desarrollo sostenible y la estabilidad social en el país.
Este desorden se caracteriza por una planificación deficiente, la ocupación irregular del suelo y una presencia institucional insuficiente en vastas regiones. La ausencia de control y organización ha generado vacíos de poder que, de manera recurrente, son ocupados por actores ilegales. Además, la falta de articulación entre los planes de ordenamiento territorial (POT) y las realidades locales refuerza la incapacidad del Estado para intervenir eficazmente, favoreciendo la expansión de economías ilícitas y actividades extractivas sin regulación alguna.
Las economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal y la tala indiscriminada, encuentran en el desorden territorial un ambiente propicio para prosperar. Estas actividades no solo generan ingresos para grupos armados ilegales, sino que también perpetúan el desplazamiento forzado y la violencia en las comunidades locales.
Por ejemplo, la minería ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de grupos armados, quienes controlan territorios y explotan recursos naturales sin restricciones. Este tipo de minería utiliza mercurio y otros químicos que contaminan ríos y suelos, afectando la salud de las comunidades y destruyendo ecosistemas. En la última década, la minería ilegal ha afectado a 29 de los 32 departamentos, con especial incidencia en Antioquia, Bolívar y Chocó. Entre 2001 y 2018, la minería ilegal fue responsable de la deforestación de 121.819 hectáreas de bosque, representando hasta el 5,6% de la deforestación total del país en 2017.
La deforestación, impulsada en gran medida por la expansión de cultivos ilícitos y la minería ilegal, es uno de los mayores desafíos ambientales derivados del desorden territorial. Según informes recientes, Colombia pierde miles de hectáreas de bosques al año debido a estas actividades. La falta de ordenamiento facilita que zonas protegidas, como parques nacionales y reservas forestales, sean invadidas y devastadas, afectando la biodiversidad y contribuyendo al cambio climático. En 2023, Colombia registró una disminución en la deforestación, pasando de 123.517 hectáreas en 2022 a 79.256 hectáreas, una reducción significativa que refleja esfuerzos de conservación.
Además, las comunidades indígenas y campesinas, que dependen de los recursos naturales para su subsistencia, son las más afectadas por esta degradación ambiental. En muchos casos, la deforestación va acompañada de violencia, ya que los actores ilegales utilizan amenazas y desplazamientos para consolidar su control territorial. En noviembre de 2024, se desmanteló una organización dedicada a la tala ilegal y comercialización fraudulenta de madera en Amazonas, Putumayo, Nariño y Ecuador, que generaba ganancias ilícitas de alrededor de 1.000 millones de pesos.
La relación entre el desorden territorial, las economías ilegales y la degradación ambiental está profundamente mediada por la violencia. Grupos armados ilegales compiten por el control de los recursos y los corredores estratégicos, utilizando tácticas de intimidación, extorsión y homicidio. Este panorama perpetúa una espiral de inseguridad que dificulta la intervención estatal y agrava las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades. En 2023, Colombia alcanzó un récord histórico con 253.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, marcando el tercer año consecutivo de incremento. Además, se registraron 79 asesinatos de defensores ambientales, consolidando al país como uno de los más peligrosos para los ambientalistas. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta septiembre de 2024, se documentaron 248 asesinatos de defensores del medio ambiente, con 44 ocurridos solo en 2023.
Para abordar esta problemática, es fundamental implementar estrategias integrales que combinen el fortalecimiento de la gobernanza territorial, la promoción del desarrollo sostenible y la mejora de las capacidades institucionales. Algunas acciones clave incluyen:
1. Revisión y actualización de los POT: Asegurar que los planes territoriales respondan a las realidades locales y estén alineados con políticas nacionales de desarrollo sostenible.
2. Fortalecimiento de la presencia estatal: Garantizar la presencia de instituciones en zonas rurales para prevenir el control territorial por parte de actores ilegales.
3. Fomento de alternativas económicas: Promover economías legales sostenibles que reduzcan la dependencia de actividades ilícitas y mejoren la calidad de vida de las comunidades.
4. Protección ambiental: Implementar políticas efectivas para conservar los ecosistemas y restaurar áreas degradadas, con un enfoque en la participación comunitaria.
Las cifras actuales evidencian la estrecha relación entre el desorden territorial, las economías ilegales, la deforestación y la violencia. El desorden territorial no es solo un problema de planificación urbana; es un factor estructural que alimenta las economías ilegales y la degradación ambiental. Romper este ciclo requiere una visión estratégica y articulada que integre la planificación territorial, la justicia social y la protección ambiental como pilares fundamentales para la construcción de un país más justo y sostenible.
