Ciudades verdes o realidades grises: el reto urgente del ordenamiento urbano en Colombia

La reciente aprobación de la Ley de Ciudades Verdes y Biodiversas en Colombia marca un punto de inflexión en la manera como concebimos y planificamos el desarrollo urbano. Se trata de una apuesta estratégica que responde a la urgencia de enfrentar los efectos del cambio climático y, al mismo tiempo, revalorizar el papel de la naturaleza en la construcción de ciudades más saludables, resilientes y equitativas. Esta ley no solo establece un marco normativo, sino que posiciona a Colombia como referente regional en sostenibilidad y resiliencia urbana.

Uno de los pilares más innovadores de la ley es su enfoque centrado en la biodiversidad. Al reconocer el valor ecológico, cultural y social de los ecosistemas urbanos, la norma promueve la conservación de la flora y fauna nativas, la restauración de hábitats degradados y la creación de corredores ecológicos. Estas acciones, además de preservar el patrimonio natural, contribuyen significativamente a mejorar la calidad de vida en las ciudades: espacios verdes bien diseñados favorecen el esparcimiento, fortalecen la salud pública, reducen las islas de calor y mejoran la calidad del aire.

La ley también impulsa prácticas transformadoras como la infraestructura verde, la agricultura urbana, la gestión sostenible del agua y los residuos, y la movilidad activa. Son medidas que integran la sostenibilidad en la vida cotidiana, reducen impactos ambientales y generan beneficios económicos al dinamizar empleos verdes y fomentar economías circulares.

Sin embargo, su implementación plantea retos estructurales a las ciudades de más de 100.000 habitantes, distritos y áreas metropolitanas, que si bien concentran buena parte del crecimiento urbano en Colombia, suelen enfrentar serias limitaciones institucionales, técnicas y financieras.

Es urgente reconocer que la gran mayoría de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en el país están desactualizados y no incorporan criterios reales de sostenibilidad como los establecidos en la Ley de Ciudades Verdes y Biodiversas. Esta situación evidencia no solo un rezago normativo, sino también las limitaciones estructurales que enfrentan muchos gobiernos locales, carentes de la capacidad técnica para traducir estas exigencias en acciones concretas de planificación y gestión territorial.

Más preocupante aún es que se les haya asignado un plazo de apenas 18 meses para mapear y diagnosticar la biodiversidad urbana y los servicios ecosistémicos presentes en sus territorios. Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene solo seis meses para definir la metodología que guiará este proceso. Se requiere liderazgo, articulación institucional y un compromiso real con el cambio, si de verdad queremos que esta ley no se quede en el papel.

Nuestras ciudades, además, sufren una presión constante sobre sus ecosistemas urbanos: canalización de arroyos, urbanización sobre humedales, degradación y pérdida de cobertura vegetal y expansión urbana descontrolada. Estas prácticas no solo deterioran el ambiente, sino que aumentan la vulnerabilidad frente a desastres y comprometen la calidad de vida de sus habitantes.

En este contexto, Sincelejo ofrece un caso paradigmático. La recuperación de las rondas hídricas, especialmente de los arroyos, debe ser vista como una acción prioritaria alineada con los objetivos de la Ley. Estos espacios pueden convertirse en verdaderas infraestructuras verdes multifuncionales: reducen el riesgo de inundaciones, mejoran la calidad del agua, conectan fragmentos de naturaleza urbana y crean oportunidades para la movilidad sostenible y la recreación.

Imaginemos un Sincelejo donde los arroyos recuperados se transforman en corredores verdes lineales, con ciclorrutas, senderos peatonales, zonas verdes, mobiliario urbano y vegetación nativa. Un espacio así no solo mejora la funcionalidad ecológica de la ciudad, sino que también fortalece el tejido social, dignifica el espacio público y mejora la salud física y mental de la ciudadanía.

Para que la Ley de Ciudades Verdes y Biodiversas no se convierta en letra muerta, es indispensable avanzar con decisión en tres frentes estratégicos. En primer lugar, el fortalecimiento institucional es una condición sine qua non: los gobiernos locales deben ser dotados de capacidades técnicas reales, a través de programas de formación, asistencia especializada y acompañamiento permanente que les permita enfrentar el reto de planificar con criterios de sostenibilidad y biodiversidad.

En segundo lugar, se impone con urgencia la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), incorporando los enfoques de gestión de la biodiversidad urbana como eje central de la planificación. No se trata de una recomendación técnica más, sino de una prioridad política que debe reflejarse en la manera como concebimos y organizamos nuestros territorios.

Y finalmente, no habrá transformación posible sin una estrategia de alianzas y participación amplia y vinculante. La implementación efectiva de esta ley exige una coordinación sólida entre los distintos niveles de gobierno, una participación activa del sector privado y, sobre todo, una ciudadanía comprometida. La educación ambiental, junto con la apropiación comunitaria de los proyectos de ciudad, será decisiva para construir territorios sostenibles, resilientes y verdaderamente habitables.

La Ley de Ciudades Verdes y Biodiversas abre una ventana de oportunidad para resignificar el rumbo del desarrollo urbano en Colombia. Su implementación debe ser vista no como una carga, sino como una plataforma para la innovación, la inclusión, la sostenibilidad y la resiliencia.

La verdadera amenaza no es la falta de normas, sino la desconexión entre el discurso ambiental y las decisiones que realmente transforman el territorio. Sin voluntad política y sin acción coherente, esta ley correrá la misma suerte que tantas otras: promesas verdes en medio de ciudades grises. Y Sincelejo (como muchas ciudades intermedias) no puede seguir siendo víctima del rezago institucional y la planificación simbólica. Es hora de tomarse en serio el ordenamiento del territorio.