¿Prohibir o garantizar?: Replantear el transporte público en Colombia
En Colombia, el servicio colectivo en taxis está expresamente prohibido. Así lo establece el Decreto 172 de 2001 y lo reafirma la Superintendencia de Transporte en su Circular Externa de agosto de 2024. También se considera ilegal el mototaxismo, aunque su práctica es masiva en muchas regiones del país.
Las sanciones existen. Pero lo que no existe (al menos con la misma contundencia) es una política pública que garantice alternativas legales, accesibles y funcionales para millones de personas.
Hoy, el transporte público tradicional, como lo conocimos durante décadas, atraviesa una crisis profunda. En las ciudades grandes, medianas e intermedias, los sistemas públicos luchan por sobrevivir en medio de la baja demanda, la insuficiencia financiera y la rigidez operativa.
Mientras tanto, plataformas digitales como InDriver, Didi o Uber (aunque en situación jurídica ambigua) han capturado una porción significativa de los viajes que antes realizaban taxis o buses urbanos.
La tecnología ha transformado la movilidad urbana, y lo ha hecho más rápido que el Estado.
Esta transformación responde a un hecho estructural: el transporte público, tal como hoy lo concebimos, es ineficiente. Es rígido donde debería ser flexible, escaso donde debería ser abundante y costoso donde debería ser asequible.
En muchos municipios, simplemente no existe. En ese vacío, la informalidad (incluyendo taxis colectivos y motos que actúan como servicio público) ha venido a cubrir la necesidad de moverse. No es rebeldía. Es realidad.
La respuesta del Estado ha sido en gran parte punitiva: prohibir, multar, decomisar. Pero, ¿qué pasa cuando se castiga a quien incumple la norma, sin garantizar la opción legal y funcional? El resultado es una ciudadanía atrapada entre la ilegalidad y la inmovilidad.
Y ese es un problema mucho más profundo que una simple infracción al código de tránsito.
Necesitamos replantear el transporte público urbano. Pensarlo más allá del bus tradicional. Diseñar modelos que integren tecnología, flexibilidad, sostenibilidad financiera y equidad territorial. Que reconozcan la pluralidad de modos de transporte que ya existen (legales e informales) y que evolucionen con ellos, no contra ellos.
No se trata de legalizar todo lo informal, ni de desregular por completo. Se trata de aceptar que la movilidad está cambiando, y que seguir defendiendo un modelo obsoleto es una forma sutil de exclusión.
La verdadera pregunta no es si el taxi colectivo debe prohibirse. La pregunta es: ¿por qué la gente necesita el taxi colectivo para suplir lo que el Estado no ofrece?
Replantear el transporte público es urgente. Porque no basta con prohibir: hay que garantizar.
