Patrimonio público en “Remate”: Sincelejo

Una crítica al intento de enajenar bienes municipales sin planificación ni sustento técnico

Desde la administración municipal se ha radicado un proyecto de acuerdo que busca enajenar una serie de bienes inmuebles definidos como “improductivos”. A primera vista, puede parecer una medida razonable: ¿para qué conservar terrenos que no generan rentabilidad fiscal?

Sin embargo, detrás de esta narrativa simplista se esconde una decisión profundamente riesgosa para el presente y el futuro de Sincelejo.

Lo que está en juego no es un listado de predios olvidados. Es el patrimonio público de todos los sincelejanos, construido a lo largo de décadas, y que representa una reserva estratégica para políticas sociales, infraestructura pública y espacios de bienestar colectivo.

Catalogar como “improductivo” aquello que no genera ingresos inmediatos es aplicar una lógica de mercado al corazón mismo del Estado social.

Lo más preocupante es que este proyecto carece de un inventario detallado, un análisis técnico riguroso, avalúos actualizados o estudios de impacto urbano. Tampoco se ha promovido la participación ciudadana ni existe una clara articulación con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

En ese contexto, resulta legítimo preguntarse por qué la premura y por qué renunciar a estos activos sin considerar otras alternativas de gestión, como su uso para equipamientos sociales, arriendo con fines comunitarios o incorporación a proyectos estratégicos de ciudad.

Vender patrimonio público en tiempos de crisis es como vender los cimientos de una casa para arreglar el techo. Puede parecer útil en el momento, pero debilita nuestro proyecto colectivo de ciudad y limita nuestras capacidades futuras. No se trata simplemente de recursos, se trata de soberanía territorial y del derecho de las próximas generaciones a contar con suelo público para garantizar sus derechos.

Más allá del debate político y técnico, existe un componente jurídico que debe llamar la atención del Concejo y de la administración municipal. La aprobación de un proyecto de esta naturaleza, sin el debido respaldo técnico y normativo, puede acarrear serias consecuencias.

En el plano disciplinario, la Ley 734 de 2002 contempla sanciones para los funcionarios que expidan actos administrativos sin competencia o sin la debida fundamentación.

En el plano fiscal, la Contraloría General de la República podría abrir investigaciones por detrimento patrimonial si los bienes se venden por debajo de su valor real o sin cumplir los requisitos legales.

En el plano penal, podría configurarse el delito de prevaricato por acción o celebración indebida de contratos si se omiten requisitos sustanciales.

Además, cualquier ciudadano podría interponer una demanda de nulidad ante la jurisdicción contencioso-administrativa si se demuestra que el acuerdo vulnera normas superiores o el principio de planeación.

No se trata de alarmismo, sino de responsabilidad.

Lo público no puede estar a merced del cortoplacismo ni de decisiones apresuradas. Existen formas más sensatas y sostenibles de manejar el suelo municipal, que no implican renunciar a él, sino aprovecharlo estratégicamente, de manera transparente y con sentido social.

Desde esta postura, hago un llamado al Concejo de Sincelejo a actuar con criterio, altura y responsabilidad institucional.

No es el momento de vender. Es el momento de planificar, de escuchar, de construir consensos. No se trata de decir no por oponerse. Se trata de decir sí al interés colectivo, sí a la función social de la propiedad, sí a un modelo de ciudad que piensa a largo plazo.

Porque el suelo público no se vende. Se protege. Se planea. Se transforma.