Sincelejo en venta.

Con 15 votos a favor y solo 2 en contra, el Concejo de Sincelejo aprobó el proyecto de acuerdo que le otorga al alcalde Yahir Acuña facultades para enajenar y/o entregar en dación de pago nueve bienes inmuebles del municipio.

Con esta decisión, se ha dado un paso grave y regresivo en materia de gestión del patrimonio público. No solo por la sustancia del acuerdo aprobado, sino por la forma en que se impuso: sin estudios técnicos, sin garantías de legalidad y desconociendo advertencias serias que fueron planteadas en pleno recinto.

Las concejalas Milena Toro y Daniela Vergara, con firmeza y claridad, expresaron sus reservas frente a este proyecto.

No se trató de un “no” político, sino de un ejercicio legítimo de control, basado en argumentos jurídicos, técnicos y éticos. Ambas insistieron en la falta de soportes que permitieran declarar los bienes como improductivos, en la ausencia de un plan de inversión con los recursos que se obtendrían y en la debilidad institucional que implica entregar facultades sin control ni límite preciso.

Las observaciones de las concejalas no fueron menores. Milena Toro advirtió el vacío legal y técnico que rodea la figura de la dación en pago cuando se trata de bienes públicos con posible destinación. Daniela Vergara, por su parte, cuestionó con razón que no existiera un inventario detallado de los predios ni una evaluación de alternativas.

Ambas expusieron algo que la mayoría decidió ignorar: que el suelo público no se puede manejar como si fuera propiedad privada.

Pero el debate no solo dejó ver el contenido preocupante del acuerdo. También evidenció los modos. Fue particularmente revelador ver a uno de los concejales decir, sin rubor, que aprobar esas facultades “no les generaría consecuencias jurídicas”.

Como si la ley se relativizara con una frase. Como si la responsabilidad política y fiscal pudiera disiparse con simple retórica. A eso se sumó el parágrafo improvisado que intentó matizar el alcance del acuerdo: una cláusula vacía, cosmética, que no modifica en lo sustancial la entrega del patrimonio de la ciudad.

Lo aprobado por el Concejo no es una medida técnica ni una salida fiscal razonable. Es una decisión política cargada de riesgo, que ignora principios básicos del derecho administrativo, como el principio de planeación, el respeto por la función social de la propiedad y el deber de preservar los bienes de uso público.

Además, sienta un precedente institucional peligroso: si cada vez que el municipio atraviesa dificultades fiscales se permite entregar bienes a discreción, sin control, sin análisis, sin planeación, ¿qué quedará en unos años del patrimonio colectivo?

Hoy no solo se entregaron nueve bienes. Hoy se debilitó la capacidad de planificación urbana del municipio. Hoy se votó sin certezas jurídicas ni soporte técnico. Hoy se ignoraron voces que actuaron con responsabilidad y sensatez.

A las concejalas que se mantuvieron firmes en defensa de lo público, les asiste no solo la razón legal, sino la razón moral. Porque el deber de un representante público no es complacer al poder de turno, sino cuidar lo que es de todos.

Y a la ciudadanía de Sincelejo le queda una tarea: no olvidar quiénes defendieron el interés general y quiénes decidieron entregarlo.