Reforma al SGP y Ley de Competencias: Incidencias y efectos para la Región Caribe.
La descentralización colombiana atraviesa un momento decisivo.
El Gobierno Nacional ha puesto sobre la mesa una ambiciosa reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) y la expedición de una Ley de Competencias que, en teoría, busca garantizar mayor coherencia entre las funciones asignadas a los entes territoriales y los recursos que se les transfieren.
A primera vista, se trata de un ajuste técnico. Pero visto desde la Región Caribe, el debate es mucho más que un asunto fiscal: es una oportunidad (y un riesgo) para redefinir el pacto territorial colombiano.
Durante décadas, el SGP ha sido una herramienta de redistribución de recursos que, sin embargo, ha perpetuado desigualdades.
En departamentos como La Guajira, Sucre o Magdalena, donde confluyen bajos indicadores sociales, alta dispersión poblacional y condiciones fiscales precarias, las fórmulas actuales han sido insuficientes para garantizar derechos como la educación, la salud o el acceso al agua potable.
La reforma al SGP debe reconocer estas realidades. El Caribe necesita una distribución que no solo mida población y cobertura, sino que incorpore factores como pobreza estructural, ruralidad y vulnerabilidad climática.
La equidad no es dar a todos lo mismo, sino dar más a quienes tienen menos.
Uno de los males crónicos del modelo territorial colombiano ha sido la asignación de competencias sin recursos ni capacidades para cumplirlas.
Municipios categoría 5 y 6 ejercen funciones que superan su músculo técnico, humano y financiero.
La Ley de Competencias busca corregir ese desbalance, estableciendo quién debe hacer qué y con qué respaldo presupuestal. Pero para que esto funcione en la Región Caribe, no basta con nuevas reglas.
Se necesita acompañamiento institucional, fortalecimiento de capacidades y mecanismos de seguimiento que impidan que las responsabilidades se deleguen sin respaldo real.
Paradójicamente, algunas de las reformas planteadas podrían derivar en una recentralización disfrazada.
El diseño de incentivos, los controles al gasto o los criterios de desempeño, si no se aplican con enfoque territorial, pueden terminar marginando aún más a los municipios con mayores dificultades.
La autonomía territorial no es un lujo: es un principio constitucional que permite a los gobiernos locales responder a sus contextos con flexibilidad y pertinencia. En la Región Caribe, esa autonomía debe ser defendida como un derecho.
El Caribe colombiano no puede ser tratado como una unidad homogénea, debe ser reconocido como una región con dinámicas compartidas: vocación agroindustrial y portuaria, amenazas climáticas crecientes, riqueza étnica y cultural, y grandes retos en infraestructura social.
Las reformas deben abrir la puerta a esquemas de gestión diferencial, con criterios de asignación específicos y modelos de gobernanza que reconozcan esa identidad.
Pensar en regiones administrativas y de planificación sólidas, con competencias propias y visión estratégica, es parte del camino.
La reforma al SGP y la Ley de Competencias no pueden verse como simples ajustes técnicos. Son decisiones profundamente políticas que definirán si la descentralización sigue siendo una promesa vacía o se convierte en una herramienta real para cerrar brechas.
Desde el Caribe, tenemos mucho que decir, y más aún que exigir. Porque sin justicia territorial, no hay justicia social.
