Cuando el Estado renuncia a gobernar el agua
En Colombia, las inundaciones dejaron de ser desastres naturales para convertirse en consecuencias políticas. Lo que hoy ocurre en Córdoba y en La Mojana no es una sorpresa climática, sino el resultado previsible de decisiones aplazadas, promesas incumplidas y una gestión del agua fragmentada e ineficaz.
La Mojana representa uno de los mayores fracasos contemporáneos de la planificación territorial del país. No por falta de diagnósticos, sino por la abundancia de documentos oficiales que reconocen el problema y, aun así, no se ejecutan. Desde hace más de una década, varios documentos CONPES han identificado con claridad los riesgos, han priorizado intervenciones y han asignado recursos millonarios para enfrentar la crisis estructural del territorio. Sin embargo, el agua sigue mandando y el Estado sigue llegando tarde.
El caso del rompimiento del dique en Caregato es el símbolo más evidente de esta renuncia. Allí se concentran todas las contradicciones de la política pública: se reconoce que el punto es crítico, se declara prioritario, se interviene de manera provisional y luego se posterga indefinidamente la solución definitiva. Cada invierno vuelve a demostrar lo que ya estaba escrito: las medidas temporales no resuelven problemas estructurales.
Los CONPES sobre La Mojana fueron claros en tres frentes fundamentales: la necesidad de obras estructurales de control hidráulico, el manejo integral de la cuenca y la protección —incluida la reubicación— de comunidades en riesgo no mitigable, acompañada de reactivación productiva. Incluso se establecieron cronogramas y responsables institucionales. Lo que ha faltado no es planeación, sino voluntad política para ejecutar decisiones que implican costos y conflictos.
La situación actual en Córdoba, asociada a las inundaciones aguas abajo de la operación de Urrá, confirma que el problema es nacional. Una vez más, el discurso oficial se refugia en la excepcionalidad de las lluvias, mientras se evita una discusión de fondo sobre la ausencia de una gestión integrada entre generación energética, regulación hidráulica y seguridad territorial. Sin enfoque de cuenca, cualquier infraestructura termina trasladando el riesgo a los más vulnerables.
En este escenario, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y otras entidades del orden nacional han quedado atrapadas en un rol limitado y reactivo. Atienden emergencias, entregan ayudas humanitarias y administran albergues. Todo ello es necesario, pero insuficiente. La gestión del riesgo no puede reducirse a la respuesta posterior; su razón de ser es anticipar, prevenir y reducir el daño, especialmente cuando el riesgo ha sido advertido reiteradamente por el propio Estado.
El problema de fondo es más incómodo: la emergencia se volvió una forma de gobernar. Se administra el desastre, se normaliza la inundación y se posterga la decisión estructural. Así, cada invierno se convierte en un capítulo repetido de la misma tragedia anunciada.
Colombia no carece de información ni de instrumentos de política pública. Carece de determinación para gobernar el agua como un asunto estratégico de desarrollo, equidad y justicia territorial. Mientras esa renuncia persista, La Mojana, Córdoba y amplias regiones del Caribe seguirán pagando el precio de un Estado que sabe qué hacer, pero decide no hacerlo.
Cada temporada de lluvias que pasa sin decisiones definitivas no es una fatalidad climática. Es, sencillamente, una elección política.
