Reforma al Ordenamiento Territorial
Hacia una reforma del ordenamiento territorial: más municipio, más región, menos intermediario
Hacia una reforma del ordenamiento territorial: más municipio, más región, menos intermediario
CPC Consulting · Pensar los Territorios
Versión completa v2 · Junio 2026
Colombia
en tres pisos
Hacia una reforma del ordenamiento territorial: más municipio, más región, menos intermediario
«Colombia tiene tres niveles de gobierno donde sobra uno. Las gobernaciones son el eslabón más débil del sistema: demasiado grandes para gestionar el territorio con granularidad, demasiado pequeñas para competir como regiones reales. El resultado es un país donde ni los municipios tienen poder real ni las regiones existen de verdad.»
La pregunta que Colombia no se ha hecho
Una calle sin pavimentar en Sincelejo, un hospital sin médicos especialistas en Quibdó, un acueducto que lleva dos décadas prometido en algún municipio del Pacífico. El denominador común no es la escasez de recursos ni la falta de legislación. Es la pregunta que Colombia lleva décadas evitando hacerse: ¿para qué sirve la gobernación?
Colombia es, sobre el papel, un Estado descentralizado. La Constitución Política de 1991 consagró la autonomía de las entidades territoriales, creó el sistema de transferencias intergubernamentales y estableció la elección popular de gobernadores y alcaldes. Treinta y cinco años después, el país que esa carta dibujó no coincide con el país que sus ciudadanos habitan.
De acuerdo con datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Gobierno Nacional ejecuta directamente cerca del 76% del gasto público total del país. Los 32 departamentos y los 1.103 municipios que completan el mapa administrativo colombiano gestionan el 24% restante, y buena parte de ese porcentaje llega en forma de transferencias condicionadas desde el nivel central, no como recursos propios generados territorialmente. Colombia es, en la práctica, uno de los países con menor autonomía fiscal subnacional real de América Latina.
El ciudadano de a pie lo siente aunque no lo pueda nombrar con precisión técnica. Cuando una comunidad de Sincelejo decide pavimentar con sus propios recursos la calle que la administración municipal nunca llegó a intervenir, no está cometiendo una irregularidad: está resolviendo, con los medios que tiene, la consecuencia de un sistema que no llega donde debería llegar. Cuando un alcalde de un municipio pequeño de Sucre o Córdoba no puede contratar un ingeniero para revisar los estudios de un acueducto porque no tiene presupuesto para ello, no está fallando como gobernante: está siendo víctima de un diseño institucional que le transfirió la responsabilidad sin transferirle los recursos ni la capacidad.
Este documento no es una crítica al Estado colombiano. Es una pregunta sobre su arquitectura. Y la pregunta es esta: ¿tiene sentido mantener 32 gobernaciones que en la mayoría de los casos no tienen los recursos propios para ser autónomas, ni la escala para competir como regiones reales, ni la cercanía para responder como gobiernos locales? La respuesta que este análisis propone es no. Y lo que sigue es el argumento.
Marco conceptual: tres palabras que se confunden para que nada cambie
Desconcentración, descentralización y federalismo no son sinónimos. La confusión sistemática entre estos tres conceptos ha permitido que Colombia lleve décadas creyendo que descentraliza cuando en realidad solo desconcentra. Precisar las definiciones es el primer paso para entender por qué el mapa que tenemos no funciona.
Desconcentración es la delegación administrativa de funciones desde el nivel central hacia oficinas territoriales que siguen respondiendo jerárquicamente al mismo centro. La DIAN abre una oficina en Montería: los funcionarios son del Gobierno Nacional, responden al Director de la DIAN en Bogotá y ejecutan políticas definidas desde allí. La ciudadanía de Montería gana comodidad de trámite, pero cero poder de decisión.
Descentralización implica transferencia real de poder decisorio, fiscal y administrativo a entidades con autonomía propia y electas directamente. Un municipio que decide dónde va el dinero de sus ingresos propios, que diseña su plan de ordenamiento territorial sin aprobación del nivel superior y que contrata libremente según sus necesidades: eso es descentralización. La Constitución de 1991 la prometió. La realidad fiscal la desmintió.
Federalismo significa que las entidades subnacionales tienen soberanía constitucional originaria, no delegada. Sus competencias no son graciosas concesiones del nivel central sino derechos constitucionales propios. Brasil, México, Argentina y Estados Unidos son ejemplos. Colombia no es federal, aunque ocasionalmente lo parezca en el discurso político.
El problema colombiano es específico: la Constitución del 91 diseñó un sistema de descentralización, pero los mecanismos de financiación que lo acompañan reproducen la lógica de la desconcentración. Las entidades territoriales tienen competencias constitucionales propias, pero la mayoría no tiene los recursos para ejercerlas sin depender del centro. Eso no es descentralización: es la ilusión de la autonomía.
América Latina tiene una heterogeneidad enorme en sus modelos de organización territorial. En un extremo están los países federales reales —Brasil, México, Argentina— donde los estados o provincias tienen poder constitucional, fiscal y legislativo propio. En el otro extremo están los países unitarios con alta centralización —Honduras, Bolivia hasta 2009— donde casi toda decisión se toma en la capital. Colombia ocupa un lugar incómodo en medio: formalmente unitario pero con un discurso descentralizador, instrumentos de autonomía territorial que no funcionan por falta de músculo fiscal, y un nivel intermedio —el departamento— que no tiene el poder del federalismo ni la eficiencia de la administración central.
| País | Modelo | Niveles subnacionales con poder real | % gasto subnacional / gasto total |
|---|---|---|---|
| Brasil | Federal | 26 estados + DF + 5.568 municipios | ~43% |
| Argentina | Federal | 23 provincias + CABA | ~46% |
| México | Federal (parcial) | 31 estados + CDMX | ~35% |
| España | Autonómico | 17 Comunidades Autónomas | ~36% |
| Colombia | Unitario descentralizado | 32 dep. + 1.103 mun. (autonomía limitada) | ~24% |
| Chile | Unitario (en transición) | 16 regiones (gobernadores electos desde 2021) | ~13% |
El dato colombiano es revelador: con el 24% del gasto ejecutado desde el nivel subnacional, Colombia está por debajo de países unitarios como España (36%) y muy lejos de los federalismos de la región. El nivel departamental, que debería ser el motor de esa descentralización, ejecuta apenas el 7-8% del gasto total, y la mayoría de esos recursos son transferencias condicionadas del nivel central, no recursos propios.
Historia: del centralismo del 86 a la promesa incumplida del 91
El ordenamiento territorial colombiano no es un accidente: es el resultado acumulado de decisiones políticas conscientes. Desde la Constitución de 1886 hasta la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de 2011, una línea de 125 años de oportunidades perdidas y reformas incompletas.
Colombia fue, entre 1863 y 1886, uno de los experimentos federales más radicales de América Latina. La Constitución de Rionegro (8 de mayo de 1863) organizó el país como los Estados Unidos de Colombia, una confederación de nueve estados soberanos —Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima— con poder legislativo, fiscal y hasta militar propios. El Gobierno Federal tenía competencias mínimas: relaciones exteriores, defensa de fronteras y correos.
El experimento no fracasó por ineficiencia técnica: fue derrotado políticamente. Las guerras civiles del período, la fragmentación del poder y la incapacidad del Estado federal de garantizar orden interno en un país con precarias comunicaciones y economía exportadora incipiente crearon el ambiente para la Regeneración liderada por Rafael Núñez. La Constitución de 1886 fue la respuesta: un Estado unitario centralizado, con gobernadores designados por el Presidente de la República, municipios subordinados a los departamentos y toda la estructura de poder fluyendo desde Bogotá hacia la periferia.
Lo que importa de este origen no es el debate histórico sino la consecuencia institucional: los departamentos del 86 no respondían a identidades regionales preexistentes. Eran circunscripciones administrativas diseñadas para facilitar el control político desde el centro. Antioquia, con identidad regional fuerte, sí tenía cierta correspondencia. Sucre, creado en 1966 por segregación de Bolívar, no. El mapa departamental colombiano es, en buena medida, el mapa del control político del siglo XIX proyectado sobre el siglo XXI.
La apertura democrática de los años 80 trajo las primeras reformas descentralizadoras reales. El Acto Legislativo 01 de 1986 estableció la elección popular de alcaldes, que se realizó por primera vez en marzo de 1988. Fue un cambio significativo: por primera vez en la historia republicana, los ciudadanos elegían directamente a quienes gobernaban sus municipios. La Ley 12 de 1986 y la Ley 11 de 1986 comenzaron a transferir recursos y competencias a los municipios.
Pero los gobernadores seguían siendo nombrados por el Presidente. El nivel departamental permanecía como un apéndice del ejecutivo central, un mecanismo de transmisión de decisiones más que un gobierno autónomo. La Constitución de 1991 cambió esto formalmente: estableció la elección popular de gobernadores, consagró la autonomía de las entidades territoriales en los artículos 1 y 287, creó el sistema de participaciones y abrió la puerta —en los artículos 306 y 307— a la creación de regiones como entidades territoriales.
El diseño constitucional era ambicioso. El problema fue la implementación. La Constitución del 91 transfirió competencias a los municipios en sectores como educación, salud, agua potable, servicios públicos y vías, pero los mecanismos de financiación reales quedaron pendientes de desarrollo legal. La Ley 60 de 1993, que reguló las participaciones, fue la primera aproximación, y quedó corta. La reforma al situado fiscal y a las participaciones municipales en 2001 —Acto Legislativo 01 de 2001— creó el Sistema General de Participaciones (SGP), que reemplazó el esquema anterior pero mantuvo la lógica de transferencias condicionadas desde el nivel central.
El Sistema General de Participaciones, creado por el Acto Legislativo 01 de 2001 y desarrollado por la Ley 715 del mismo año, es hoy la principal fuente de recursos de los municipios y departamentos colombianos. En 2024, el SGP distribuyó aproximadamente $54 billones de pesos entre las entidades territoriales, cifra que representa alrededor del 22% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN).
La distribución del SGP sigue una lógica sectorial: aproximadamente el 58% va a educación, el 24% a salud, el 11% a propósito general (para los municipios) y el resto a agua potable, alimentación escolar y otros rubros específicos. Esta estructura significa que los municipios y departamentos no reciben recursos de libre destinación para priorizar según sus necesidades territoriales: reciben recursos para ejecutar políticas nacionales en sus territorios. Es desconcentración disfrazada de descentralización.
En 2011, la Ley 1454 —la tan esperada Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT)— llegó veinte años tarde. La Constitución del 91 había ordenado expedir esta ley en sus disposiciones transitorias. Tardó dos décadas y cuando llegó, fue insuficiente. Creó las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), estableció el camino hacia las Regiones como Entidades Territoriales (RET) y reguló las asociaciones de municipios. Pero no asignó recursos propios a las nuevas figuras ni definió mecanismos vinculantes de planificación regional. Fue, en resumen, un avance en papel sin músculo financiero.
Desde la aprobación de la LOOT en 2011, Colombia ha tenido cuatro gobiernos nacionales —Santos, Duque, Petro, y quien venga— y ninguno ha impulsado con decisión la constitución de regiones como entidades territoriales. Las RAP que se han creado —Caribe (2017), Pacífico (2017) y Central (2019-2020)— operan con secretarías técnicas pequeñas y presupuestos marginales. No tienen poder de planificación vinculante, no administran recursos propios sustanciales y no han reducido ni un ápice el papel de las gobernaciones en la intermediación política de recursos.
En 2024, el gobierno Petro presentó una propuesta de reforma constitucional al ordenamiento territorial que buscaba fortalecer las regiones y redefinir el papel departamental. El debate en el Congreso mostró con claridad el principal obstáculo: los congresistas, elegidos en circunscripciones departamentales y con redes políticas ancladas en las gobernaciones, no tienen incentivos para aprobar una reforma que les quitaría ese trampolín político. La reforma fue archivada.
El Decreto 0216 de marzo de 2026, que reorganizó algunas funciones del sistema de planificación territorial, es la señal más reciente de que el debate sigue abierto pero sin resolución estructural. Colombia acumula instrumentos normativos y acumula oportunidades perdidas. Este documento propone que ya es hora de activar los primeros y no repetir las segundas.
El departamento: anatomía de un intermediario
¿Qué hacen realmente las gobernaciones? Este capítulo analiza con datos concretos las competencias formales, la capacidad fiscal real y la función política del nivel departamental. La conclusión es incómoda pero verificable: las gobernaciones son eficientes como máquinas electorales e ineficientes como unidades de gestión territorial.
La Constitución y la ley asignan a los departamentos competencias relevantes: administración de la red hospitalaria de nivel 2 y 3, cofinanciación y supervisión de la educación secundaria, construcción y mantenimiento de vías secundarias, protección del medio ambiente a través de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), y planificación del desarrollo departamental. Son funciones importantes. El problema es la brecha entre el papel y la práctica.
En materia de vías secundarias —quizás la función más visible del nivel departamental— el diagnóstico nacional es alarmante. Según el INVIAS, aproximadamente el 65% de la red vial secundaria del país se encuentra en mal estado o con deterioro severo. Las gobernaciones tienen la responsabilidad formal de esa red pero carecen consistentemente de los recursos técnicos y financieros para mantenerla. El resultado es un ciclo perverso: la vía se deteriora, el departamento no tiene dinero para repararla, gestiona recursos nacionales para una intervención puntual, inaugura el tramo, y en dos o tres años el deterioro vuelve por falta de mantenimiento rutinario.
En salud, los hospitales departamentales de nivel 2 y 3 presentan déficits estructurales en la mayoría de departamentos. La Superintendencia Nacional de Salud reportó en 2023 que más de 60 hospitales públicos departamentales se encontraban en situación de riesgo financiero alto, con cartera vencida superior a 180 días. La gestión de estos hospitales requiere capacidad técnica administrativa que la mayoría de secretarías de salud departamentales no tiene.
En planificación territorial —la función estratégica más importante del nivel intermedio— el panorama es igualmente débil. De los 32 departamentos, menos de la mitad cuenta con un Plan de Ordenamiento Departamental (POD) formulado y en implementación. La planificación regional real, que debería ser la razón de ser del nivel departamental, es en la práctica la función menos ejercida.
La radiografía fiscal del nivel departamental revela la magnitud del problema. En promedio, más del 70% de los ingresos de los departamentos colombianos proviene de transferencias nacionales: SGP, regalías y cofinanciaciones específicas. Los ingresos propios departamentales —el impuesto sobre vehículos automotores, el impuesto al consumo de licores y cervezas, el ICA departamental, el impuesto al degüello y algunos otros— son insuficientes para financiar ni siquiera la nómina básica de la mayoría de gobernaciones.
| Tipo de departamento | % ingresos propios | % transferencias nacionales | Situación |
|---|---|---|---|
| Departamentos con regalías altas (Casanare, Meta, Arauca) | 40–55% | 45–60% | Relativamente autónomos, pero dependientes del ciclo de precios del petróleo |
| Departamentos intermedios (Antioquia, Valle, Atlántico) | 25–40% | 60–75% | Autonomía parcial; economía propia más diversificada |
| Departamentos pequeños (Sucre, Chocó, Vaupés) | 10–20% | 80–90% | Fiscalmente inviables sin transferencias; dependencia estructural |
Esta estructura no es un accidente histórico. Es el mecanismo por el cual el Gobierno Nacional mantiene influencia política sobre los territorios. Los gobernadores necesitan constantemente gestionar recursos nacionales —regalías, cofinanciaciones, convenios— que dependen de relaciones con ministerios y con el propio Presidente. Eso convierte a la gobernación en un nodo de la red política nacional antes que en un gobierno territorial autónomo.
El caso de Sucre ilustra el extremo del problema. Con ingresos propios que no superan el 15% de su presupuesto, la Gobernación de Sucre es fiscalmente un apéndice del Gobierno Nacional. Ejecuta políticas nacionales en territorio sucreño, intermedia transferencias hacia los municipios y gestiona una burocracia que tiene más sentido político que técnico. En ese contexto, la pregunta no es si la gobernación sirve: es si lo que hace no podría hacerlo mejor el municipio de Sincelejo con más recursos propios, o una asociación de municipios sabaneros con agenda común.
El clientelismo del nivel departamental no es un defecto de las personas que gobiernan: es una característica del diseño institucional. Cuando una entidad territorial tiene escasos ingresos propios, alta dependencia de transferencias discrecionales desde el centro, y su gobernante es elegido con el apoyo de redes políticas que esperan retribución, el resultado sistémico es predecible.
La Contraloría General de la República, en su Informe sobre Contratación Territorial de 2023, identificó que en promedio el 43% de la contratación departamental se realiza bajo la modalidad de contratación directa o de mínima cuantía, modalidades que históricamente han sido más susceptibles de uso clientelar. En los departamentos con menor capacidad técnica instalada —precisamente los más dependientes del SGP— ese porcentaje puede superar el 60%.
La burocracia departamental es otro indicador. Un estudio del DANE y el DNP de 2022 encontró que la relación entre funcionarios de planta y población atendida en las gobernaciones es sistemáticamente más alta que en los municipios de categoría equivalente, sin que esa mayor proporción se traduzca en mejor prestación de servicios. La nómina departamental funciona en muchos casos como mecanismo de retribución política antes que como capacidad técnica instalada.
El departamento de Sucre tiene una superficie de 10.917 km² y una población de aproximadamente 950.000 habitantes según proyecciones DANE 2023. Sincelejo, su capital, concentra alrededor de 316.000 personas —el 33% de la población departamental— y es la única ciudad de tamaño medio en un territorio dominado por municipios pequeños con economías principalmente agropecuarias.
La Gobernación de Sucre administra un presupuesto que en 2023 ascendió a aproximadamente $1,1 billones de pesos, de los cuales más del 80% corresponde a SGP para educación y salud, regalías y transferencias específicas. Su capacidad de inversión discrecional —recursos propios más libre destinación— no supera el 15% del presupuesto total. En términos prácticos, la gobernación administra recursos nacionales en territorio sucreño y tiene escasa capacidad de diseñar y ejecutar política territorial propia.
La pregunta que este análisis plantea es directa: ¿qué ha construido la Gobernación de Sucre en los últimos veinte años que no hubiera podido construir mejor Sincelejo sola, con más recursos propios, o una región Sabanas que articulara Sincelejo con los municipios de su área de influencia en Córdoba y Bolívar? La respuesta honesta es difícil de encontrar. La red vial secundaria sucreña está en su mayoría deteriorada. Los hospitales departamentales presentan déficits crónicos. El Plan de Ordenamiento Departamental, cuando existe, no se ejecuta. Y Sincelejo crece, planifica y gestiona con una dinámica que la gobernación no acompaña ni potencia.
El municipio colombiano: potencial bloqueado
El municipio es la unidad de gobierno más cercana a la vida cotidiana del ciudadano. La Constitución le asignó competencias ambiciosas. La realidad fiscal le negó los recursos para ejercerlas con autonomía real. Este capítulo analiza el potencial bloqueado del municipio colombiano y los instrumentos que podrían liberarlo.
Colombia tiene 1.103 municipios que van desde Bogotá —con más de 8 millones de habitantes, presupuesto superior a $30 billones anuales y capacidad técnica comparable a la de capitales latinoamericanas medianas— hasta municipios de menos de 2.000 habitantes en la Amazonía o el Pacífico, con uno o dos funcionarios, presupuesto inferior a $3.000 millones y ninguna capacidad propia de planificación territorial.
La Ley 617 de 2000 estableció una categorización de municipios en seis niveles (Especial, 1, 2, 3, 4, 5 y 6) basada en población e ingresos corrientes de libre destinación. Esta categorización define los límites de gasto de funcionamiento pero no resuelve el problema de fondo: la brecha entre competencias asignadas y recursos disponibles afecta a casi todos los municipios, independientemente de su categoría.
| Categoría | Población | N.º municipios | ICLD mínimos | % municipios colombianos |
|---|---|---|---|---|
| Especial | +500.000 hab. | ~4 | >400.000 SMMLV | 0,4% |
| Primera | 100.001–500.000 | ~30 | 100.001–400.000 SMMLV | 2,7% |
| Segunda | 50.001–100.000 | ~35 | 50.001–100.000 SMMLV | 3,2% |
| Tercera | 30.001–50.000 | ~50 | 30.001–50.000 SMMLV | 4,5% |
| Cuarta a Sexta | Menos de 30.000 | ~984 | Menos de 30.000 SMMLV | 89,2% |
El dato más revelador: el 89% de los municipios colombianos son de categoría 4, 5 o 6. Son municipios pequeños, con capacidades técnicas mínimas, cuyos alcaldes deben administrar competencias en educación, salud, servicios públicos y ordenamiento territorial con presupuestos que en muchos casos no superan los $5.000 millones anuales. En ese contexto, la autonomía territorial que la Constitución promete es más aspiración que realidad.
Si hay un elemento técnico que explica gran parte del bloqueo fiscal del municipio colombiano, ese es el catastro desactualizado. El catastro es el inventario de predios con sus características físicas y valores: sin un catastro actualizado, el municipio no puede cobrar predial justo, no puede identificar suelo disponible para proyectos públicos, no puede calcular plusvalías y no puede planificar el crecimiento urbano con información real.
Según el IGAC y el CONPES 3958 de 2019 sobre Modernización del Catastro, aproximadamente el 67% de los municipios colombianos tienen catastros con más de cinco años de desactualización. En algunos municipios del Pacífico y la Amazonía, los catastros llevan más de veinte años sin actualizarse. El resultado es un impuesto predial que se cobra sobre valores catastrales que representan el 10% o el 20% del valor comercial real del suelo. Colombia recauda predial equivalente a apenas el 0,5% del PIB, frente a promedios de 1% en América Latina y 2% en países de la OCDE. Si los catastros estuvieran actualizados, ese recaudo podría triplicarse sin subir tarifas.
- Recaudo predial actual: ~$10 billones COP anuales (0,5% PIB)
- Potencial con catastro actualizado: $25–30 billones COP anuales (1,2–1,5% PIB)
- Municipios con catastro multipropósito implementado al 2023: <20%
- CONPES 3958/2019: objetivo de implementación en 1.103 municipios para 2025 (incumplido)
- Costo estimado de actualización catastral total: ~$2 billones COP (uno solo año de predial adicional)
La Ley 388 de 1997 —la ley de ordenamiento territorial colombiana— dotó a los municipios de un arsenal de instrumentos de gestión del suelo que, bien aplicados, permitirían financiar infraestructura urbana desde el propio crecimiento de la ciudad, sin depender del SGP ni de la generosidad del nivel central. Casi treinta años después, la mayoría de municipios colombianos no los aplica.
La no aplicación de estos instrumentos no se explica por su complejidad jurídica —son ley desde 1997— sino por la combinación de catastro desactualizado (sin catastro actualizado no hay base para calcular plusvalías), baja capacidad técnica municipal y, en muchos casos, resistencia política de propietarios con influencia local. El resultado es que las ciudades colombianas crecen, el suelo se valoriza enormemente —a menudo gracias a inversiones públicas— y ese incremento de valor queda en manos de propietarios privados en lugar de financiar la infraestructura que la ciudad necesita.
En 2024 y 2025, el debate sobre la reforma al SGP ocupó buena parte de la agenda legislativa colombiana. La propuesta principal, impulsada por el gobierno Petro y apoyada por la mayoría de alcaldes y gobernadores del país, plantea incrementar las transferencias desde el 22% hasta el 39,5% de los ICN en un período de transición de diez años. Si se aprueba, significaría transferir varios puntos porcentuales adicionales del gasto nacional a los territorios —una cifra que en 2024 representaría unos $30 billones de pesos adicionales.
La reforma es necesaria. El bloqueo fiscal del municipio colombiano es real y más recursos propios —o más transferencias con menos condicionamiento— mejorarían su capacidad de gestión. Pero la reforma al SGP por sí sola no resuelve el problema si no va acompañada de: catastro actualizado para activar recaudo propio, capacidad técnica instalada para ejecutar mayor gasto con calidad, aplicación de instrumentos de gestión del suelo para capturar plusvalías, y clarificación del papel del nivel departamental para evitar que los nuevos recursos se filtren en el mismo intermediario que hoy muestra bajo desempeño.
En otras palabras: más dinero al mismo sistema produce más del mismo resultado. La reforma fiscal debe ir acompañada de reforma institucional. Y la reforma institucional empieza por preguntarse, honestamente, si el departamento como hoy existe sirve para lo que se supone que debe servir.
Modelo propuesto: tres pisos reales
El corazón propositivo del documento. No se trata de eliminar el Estado sino de reorganizarlo en tres niveles que tengan sentido territorial, fiscal y político, con competencias claramente asignadas y sin duplicaciones que solo sirven para diluir la rendición de cuentas.
| Nivel | Figura | Competencias principales | Base fiscal | Horizonte |
|---|---|---|---|---|
| PISO 3 · Nacional | Estado Nación | Política macroeconómica, defensa, redistribución, infraestructura estratégica, regulación | Renta, IVA, comercio exterior | Actual |
| PISO 2 · Regional | Región / RAP fortalecida → RET | Planificación regional vinculante, infraestructura intermedia, desarrollo económico territorial, ambiente, movilidad interurbana | Participación en regalías, plusvalía regional, tasas ambientales, SGP regional | 2026–2036 |
| PISO 1 · Local | Municipio + Área Metropolitana | Gestión del suelo, servicios urbanos, espacio público, movilidad, equipamientos, vivienda, predial | Predial, ICA, plusvalía, valorización, SGP directo | Actual + reforma |
La propuesta de nivel regional parte de las figuras ya existentes en la LOOT. Las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) son el punto de partida: ya hay tres activas —RAP Caribe, RAP Pacífico y RAP Central— con experiencia incipiente de trabajo conjunto. El camino es fortalecerlas con presupuesto real, secretarías técnicas permanentes con capacidad de planificación vinculante y competencias transferidas progresivamente desde el nivel nacional y desde las gobernaciones.
El destino final son las Regiones como Entidades Territoriales (RET), previstas en el artículo 307 de la Constitución. La Constitución ya establece el mecanismo: referendo en los departamentos que quieran conformar la región. El obstáculo no es jurídico: es político. Ningún gobierno nacional ha querido activar ese mecanismo porque requiere desmontar la maquinaria departamental que alimenta su propia coalición política.
El municipio fortalecido es la unidad básica del modelo. Fortalecido significa: catastro actualizado y activado, instrumentos de gestión del suelo en operación, SGP sin condicionamientos sectoriales rígidos para municipios de categoría 1 a 3, y capacidad técnica instalada para planificar y ejecutar política territorial propia.
Para los municipios que comparten una conurbación real o un sistema urbano integrado, el Área Metropolitana —regulada por la Ley 1625 de 2013— es el instrumento de gobernanza supramunicipal. Colombia tiene hoy cinco áreas metropolitanas legalmente constituidas: Valle de Aburrá (10 municipios), Barranquilla (5 municipios), Bucaramanga (4 municipios), Cúcuta (5 municipios) y Centro Occidente —Pereira, Dosquebradas, La Virginia— (3 municipios). El modelo del Valle de Aburrá, con el Metro, el Tranvía, los cables aéreos y una agenda de planificación integrada, demuestra lo que puede hacer este nivel cuando tiene poder real.
Para la región de las Sabanas, la propuesta del OCUC es clara: una Área Metropolitana de las Sabanas que integre Sincelejo, Corozal, Sampués, Morroa, Los Palmitos y otros municipios del anillo periurbano. No como un nivel adicional de burocracia, sino como un mecanismo de economías de escala para servicios que hoy el municipio no puede proveer solo: sistema de transporte integrado, gestión del suelo supramunicipal, planificación ambiental de cuenca y agenda de desarrollo económico regional.
- Activar RAP con presupuesto real y planificación vinculante
- Reforma al SGP: eliminar condicionamientos sectoriales para municipios categoría 1–3
- Catastro multipropósito en 500 municipios prioritarios (IGAC + FINDETER)
- Ley de Áreas Metropolitanas con competencias ampliadas
- Tres Áreas Metropolitanas nuevas constituidas (incluida Sabanas)
- Activación masiva de instrumentos de gestión del suelo (plusvalía, bancos de tierra)
- Primera RET constituida en referendo (candidata: Región Caribe)
- Transferencia progresiva de competencias departamentales a regiones y municipios
- Reforma constitucional: nuevas competencias y fiscalidad regional
- Participación regional en regalías
- Reducción gradual de plantas departamentales
- Segunda RET (Pacífico o Eje Cafetero)
- 3–5 RET constituidas y operativas
- Gobernaciones transformadas en secretarías de coordinación regional
- Municipios con autonomía fiscal real (>40% ingresos propios)
- Sistema de tres pisos operando plenamente
- Evaluación y segunda generación de reformas
Comparadores internacionales: lo que Colombia puede aprender
Colombia no está inventando nada. Brasil, México, España y el propio Valle de Aburrá ya recorrieron variantes de este camino. Lo que sus experiencias enseñan no son recetas para copiar sino advertencias sobre los atajos que no funcionan y los mecanismos que sí.
La Constitución Federal de Brasil de 1988 —también producto de una transición democrática post-dictadura, como la colombiana de 1991— fue más audaz en la descentralización real. Estableció 26 estados + el Distrito Federal con competencias constitucionales propias: tienen poder legislativo propio (Asamblea Legislativa), recaudan el ICMS —el equivalente al IVA estatal—, contratan deuda pública con ciertos límites, diseñan su política tributaria y ejecutan política industrial y de desarrollo regional. Los estados brasileños son gobiernos reales, no apéndices del gobierno federal.
Los 5.568 municipios brasileños (Censo IBGE 2022) también tienen autonomía fiscal efectiva, con fuentes propias de ingreso —ISS (servicios), IPTU (predial), ITBI (transferencia de inmuebles)— y competencias claras sobre salud primaria, educación básica y servicios urbanos. El Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) y el Sistema Único de Saúde (SUS) funcionan con transferencias federales pero con ejecución estadual y municipal.
Los resultados son visibles: São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais y Santa Catarina tienen políticas industriales, de ciencia y tecnología, y de desarrollo regional que ningún departamento colombiano puede imitar porque no tienen ni la base fiscal ni las competencias para diseñarlas. La diferencia no es de talento político: es de diseño institucional.
Advertencia brasileña: el federalismo fiscal real también produce guerras de incentivos entre estados —la llamada "guerra fiscal" del ICMS, donde los estados se disputan inversiones mediante exenciones tributarias— y asimetrías brutales entre São Paulo (PIB superior al de Argentina) y Roraima o Amapá. El federalismo sin mecanismos redistributivos potentes produce más desigualdad territorial, no menos. Colombia debe aprender de esto: el modelo de tres pisos necesita un fondo de compensación regional robusto.
México es constitucionalmente federal desde 1824 y tiene 31 estados + la Ciudad de México con poder constitucional propio. Sin embargo, durante más de 70 años de hegemonía del PRI el federalismo mexicano fue más nominal que real: los gobernadores eran designados en la práctica por el Presidente de la República, y el Pacto Fiscal Federal —las "participaciones federales"— distribuía recursos desde el centro con criterios que premiaban la lealtad política.
La democratización de los años 90 y 2000 —primera alternancia presidencial en 2000 con Vicente Fox— cambió el panorama: los gobernadores de oposición empezaron a ejercer autonomía real, los municipios fortalecieron su capacidad fiscal y el debate sobre el federalismo fiscal se volvió sustantivo. Pero el municipio mexicano sigue siendo el nivel más débil del sistema: las 2.468 municipalidades mexicanas dependen en promedio de las transferencias federales para más del 70% de sus ingresos, y tienen escasa autonomía legislativa.
Lección para Colombia: México demuestra que el federalismo constitucional no garantiza descentralización real si los mecanismos fiscales siguen siendo centralizados. La forma jurídica importa menos que la estructura de incentivos. Colombia puede tener el mejor diseño constitucional y seguir siendo centralizada si las transferencias son condicionadas, la burocracia regional es un apéndice clientelar del nivel nacional y los instrumentos de recaudo local no se activan.
España realizó entre 1978 y 1995 la transición territorial más comparable a lo que Colombia necesita hacer. El franquismo había sido centralista extremo: eliminó las autonomías del País Vasco y Cataluña, prohibió lenguas regionales y organizó el país en 50 provincias sin identidad política propia. La Constitución de 1978 creó el Estado de las Autonomías: 17 Comunidades Autónomas con competencias legislativas propias, presupuestos propios y capacidad de diseñar políticas sectoriales en educación, salud, medio ambiente, urbanismo y muchos otros ámbitos.
El proceso fue gradual. Comenzó con los "hechos diferenciales" —Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía— que accedieron a la autonomía por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución. Los demás territorios lo hicieron por la vía ordinaria del artículo 143, con competencias inicialmente menores que se fueron ampliando. En 2001, el gobierno Aznar y el PSOE acordaron ampliar las competencias sanitarias y educativas a todas las Comunidades, completando el proceso de transferencias.
Hoy, las Comunidades Autónomas españolas ejecutan aproximadamente el 36% del gasto público total, gestionan la sanidad y la educación —los dos sectores de mayor impacto ciudadano—, diseñan sus propias políticas de vivienda, transporte, turismo y cultura, y tienen capacidad tributaria propia a través del sistema de financiación autonómica. El País Vasco y Navarra, con el régimen foral, tienen aún más autonomía fiscal: recaudan directamente sus impuestos y transfieren una parte al Estado central (cupo vasco/navarro).
Lección para Colombia: la transición española tomó unos 15 años desde la Constitución hasta la plena operación del modelo autonómico. No fue un big bang: fue gradual, negociada sector por sector, y requirió en su momento superar resistencias enormes de quienes defendían el statu quo centralista. La tensión catalana no es la excepción sino el aviso: cuando las identidades regionales no tienen canales institucionales adecuados de expresión política, la frustración se acumula hasta generar crisis constitucionales. Colombia debería aprender esa lección antes, no después.
El caso más relevante para Colombia no está en el exterior: está en Medellín. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), constituida formalmente en 1980 y consolidada a lo largo de cuatro décadas, es la demostración más exitosa de lo que puede hacer un nivel supramunicipal con poder real en el contexto colombiano.
El AMVA integra 10 municipios —Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa— con una población conjunta de aproximadamente 4,1 millones de personas. Su logro más visible es el Sistema Integrado de Transporte: el Metro (inaugurado 1995), el Tranvía de Ayacucho (2015), las líneas de cable aéreo que conectan comunas de ladera con el sistema principal, y el sistema de buses articulados del Valle de Aburrá. Ninguno de estos proyectos hubiera sido posible si Medellín hubiera actuado sola: requirieron planificación, financiación y gestión supramunicipal.
Pero el AMVA no es solo transporte. Gestiona el sistema de gestión del riesgo de la cuenca, coordina la planificación territorial con planes directores supramunicipales, administra programas de desarrollo económico regional y actúa como interlocutor del nivel nacional en la negociación de grandes proyectos de infraestructura. Ha demostrado que el municipio solo no puede gestionar eficientemente una conurbación de cuatro millones de personas, pero que un área metropolitana con autonomía y recursos sí puede.
Lección crítica: el AMVA no reemplaza a los municipios. Los potencia. Medellín sigue siendo Medellín, con su alcalde, su concejo y su presupuesto. El área metropolitana se encarga de lo que ningún municipio puede hacer solo. Esa es exactamente la lógica que el modelo de tres pisos propone: no suprimir niveles sino asignar cada función al nivel que puede ejercerla mejor.
Hoja de ruta política: tres horizontes de reforma
La reforma del ordenamiento territorial no ocurre de golpe. Este capítulo organiza las acciones posibles en tres horizontes según el nivel de dificultad política y jurídica, con responsables identificados y resultados verificables en cada etapa.
El primer horizonte incluye todo lo que se puede hacer con decreto presidencial, resolución ministerial o ley ordinaria del Congreso. No requiere tocar la Constitución. Es la fase de demostración: probar que el modelo funciona antes de pedir a la ciudadanía y al Congreso que aprueben cambios mayores.
El segundo horizonte requiere leyes del Congreso pero no reforma constitucional. Aquí está la parte más importante de la transición fiscal: redistribuir recursos entre niveles, ampliar las competencias de las áreas metropolitanas y preparar el terreno para las primeras RET.
La reforma constitucional es el horizonte más difícil y más necesario. Implica modificar los artículos sobre entidades territoriales —especialmente el artículo 286, que define cuáles son— y crear el marco para un sistema federal asimétrico: regiones con poder real donde la identidad y la escala lo justifican, municipios fortalecidos como primer piso de gobierno, y el nivel nacional liberado de la microgestión territorial para concentrarse en política redistributiva y bienes públicos nacionales.
Los elementos centrales de la reforma constitucional son: reconocimiento de las RET como entidades territoriales con las mismas garantías que hoy tienen los departamentos; autonomía fiscal regional con poder tributario propio; eliminación del numeral que define a los departamentos como entidades territoriales permanentes, abriendo el camino a su transformación o absorción por las regiones; y creación de un Fondo de Compensación Regional constitucionalizado para garantizar que la mayor autonomía subnacional no produzca mayor desigualdad territorial.
| Actor | Posición probable | Interés en el statu quo | Estrategia de incidencia |
|---|---|---|---|
| Alcaldes de ciudades intermedias y grandes | Favor de la reforma | Bajo: se benefician de mayor autonomía | Alianza natural, movilizar AMB y FENALCO |
| Gobernadores | Contra la reforma | Alto: pierden poder político y presupuestal | Mostrar que regiones les darían más poder real |
| Diputados departamentales | Contra la reforma | Muy alto: sus cargos desaparecen o se transforman | Transición con cargos en secretarías regionales |
| Congresistas | Ambivalentes | Medio: dependen de redes departamentales | Mostrar beneficio electoral en regiones fuertes |
| Gremios empresariales regionales | Favor de la reforma | Bajo: se benefician de mejor planificación regional | Alianza ANDI regional, Cámaras de Comercio |
| Academia y centros de pensamiento | Favor de la reforma | Bajo | Generación de evidencia y argumentos técnicos |
| Gobierno Nacional | Depende de la coalición | Medio: necesita gobernadores para gestionar política | Mostrar que la reforma fortalece la gobernanza nacional |
Laboratorio Sabanas: Sincelejo 2040 como demostración
Mientras la reforma llega desde arriba, algunas ciudades pueden demostrar desde abajo que el modelo funciona. La región de las Sabanas tiene las condiciones para ser ese laboratorio: identidad regional fuerte, gobernación débil sin proyecto territorial, y ya en marcha un proceso de planificación municipal ambicioso.
La región de las Sabanas no es una categoría geográfica oficial. Es una realidad cultural, ecológica y económica que atraviesa los límites administrativos de Sucre, sur de Bolívar, norte de Córdoba y occidente de Cesar. La sabana cordobesa-sucreña —con su ganadería extensiva, su agricultura campesina, su música de porro y fandango, su artesanía de caña flecha y su red de municipios interdependientes— tiene más coherencia regional que los departamentos que la dividen.
Sincelejo es la capital natural de esa región. Con 316.000 habitantes (DANE 2023), es la ciudad más grande de un área de influencia que incluye a Montería (Córdoba, ~500.000 hab.), Valledupar (Cesar, ~520.000 hab.) y Barranquilla en el horizonte más amplio del Caribe. Pero esa articulación regional no tiene un instrumento jurídico que la sostenga. Sincelejo habla con Bogotá a través de la Gobernación de Sucre. Corozal habla con Bogotá a través de la misma gobernación. Y ninguno habla con el otro a través de un instrumento de planificación conjunta.
Eso es exactamente lo que el OCUC propone cambiar. La Asociación de Municipios de las Sabanas —como figura transitoria— y el Área Metropolitana de las Sabanas —como figura de llegada— son el embrión de la región que la geografía y la cultura ya dibujaron pero que la legislación todavía no reconoce.
La fortaleza del argumento de las Sabanas como laboratorio está en que Sincelejo no necesita esperar la reforma constitucional para demostrar el modelo. Puede empezar a activar instrumentos con la legislación vigente:
El edificio Takasaluma —diez pisos en obra negra desde 1984, en la esquina de la Carrera 20 con Calle 18 del centro histórico de Sincelejo— es la imagen más elocuente del argumento de este documento. Cuarenta años de abandono en el corazón de una ciudad. Cuarenta años en que cuatro décadas de alcaldes, cuatro décadas de gobernadores y un sinnúmero de ministros pasaron frente a esa esquina sin encontrar la figura que le diera destino.
El OCUC, desde la escala municipal, propuso en 2025 la primera respuesta con programa definido, fuentes de financiación identificadas y hoja de ruta ejecutable: Sabana Viva, Centro de Innovación, Cultura y Memoria de las Sabanas sobre la estructura del Takasaluma. No es un proyecto arquitectónico: es una demostración política. La demostración de que la solución viene de la ciudad, no del departamento. Que la escala correcta de gestión es la municipal y la regional —no la departamental—. Que cuando el municipio tiene instrumentos, visión técnica y voluntad política, puede resolver en cuatro años lo que cuarenta años de intermediación departamental no resolvieron.
Sabana Viva no es solo un edificio. Es el argumento hecho piedra. O, en este caso, hecho concreto rehabilitado.
Agenda y conclusiones: la reforma que sí podemos hacer
El documento cierra con una propuesta de agenda concreta, evaluable y con responsables identificados. No es un manifiesto político: es una hoja de ruta para actores que quieran empezar a construir el Colombia de tres pisos desde sus propios territorios.
Colombia organiza su territorio con una arquitectura de tres niveles —Nación, Departamento, Municipio— en la que el nivel intermedio no tiene los recursos para ser autónomo, ni la escala para planificar como región real, ni la cercanía para responder como gobierno local. El resultado es un sistema donde la rendición de cuentas se diluye entre niveles, la inversión se fragmenta en intervenciones puntuales sin visión territorial, y los ciudadanos no saben exactamente quién es responsable de qué.
La solución no es más Estado ni menos Estado: es mejor Estado. Un Estado organizado en tres pisos reales donde el municipio tiene el músculo fiscal para gestionar lo cotidiano, la región tiene la escala para planificar lo estratégico, y el nivel nacional se concentra en redistribución, regulación e infraestructura de escala nacional. Las herramientas jurídicas existen: la LOOT, la Ley 388, las RAP, la Ley 1625 de Áreas Metropolitanas. Lo que falta es la decisión política de usarlas.
«Una democracia que organiza su territorio de manera que el ciudadano no sabe quién decide qué, y donde los recursos públicos se diluyen en niveles intermedios sin proyecto territorial real, es una democracia que funciona mejor para los que la administran que para los que la habitan. La reforma del ordenamiento territorial no es un tema de planificadores: es un tema de democracia real.»— OCUC / CPC Consulting · Colombia en Tres Pisos · Junio 2026
Colombia no necesita inventar nada. Tiene la Constitución que necesita —en sus artículos 306, 307 y 319 están las herramientas—. Tiene la ley que necesita —la LOOT, la Ley 388, la Ley 1625—. Tiene casos de éxito propios que demostrar —el AMVA, Medellín, los municipios que sí han activado la plusvalía—. Lo que falta no es técnica: es la decisión política de usar lo que ya existe y construir lo que falta.
La pregunta que planteamos al inicio de este documento —¿para qué sirve la gobernación?— no tiene una respuesta técnica limpia. La tiene política: las gobernaciones sirven para lo que el sistema político las ha construido para servir, que es gestionar coaliciones, intermediar recursos y producir votos. Si Colombia quiere un sistema territorial que sirva para gestionar territorio, construir región e impulsar desarrollo, necesita cambiar el diseño. Y cambiar el diseño es exactamente de lo que trata este documento.
SEGUNDA VUELTA 2026
De la Espriella vs. Cepeda: nuevas economías, Colombia al horizonte 2050 y lo que está en juego para la región Caribe
De la Espriella vs. Cepeda: nuevas economías, Colombia al horizonte 2050 y lo que está en juego para la región Caribe
SEGUNDA
VUELTA 2026
De la Espriella vs. Cepeda: nuevas economías, Colombia al horizonte 2050 y lo que está en juego para la región Caribe
de la Espriella
Cepeda
Segunda vuelta · Domingo 21 de junio de 2026 · Encuesta Atlas Intel/Semana (2 jun): De la Espriella 50,3% — Cepeda 42,6% · Diferencia primera vuelta: 2,84 pts
El 56,6% rechaza más a Cepeda como presidente —16 puntos por encima del rechazo a De la Espriella. Este diferencial de rechazo es el dato más relevante para entender la dinámica del voto útil el 21 de junio.
Lectura estratégica: De la Espriella alcanza el 50,3% —barrera psicológica clave— en la primera encuesta de segunda vuelta. La tendencia es de crecimiento sostenido desde enero, con un único descenso en mayo que se recuperó. Cepeda, en cambio, muestra un techo consolidado alrededor del 42–43%. El voto blanco/nulo/no sé se comprime a 7,1%: hay muy poco espacio de conversión. Con un rechazo de 56,6% hacia Cepeda —el más alto entre los dos— el escenario para el candidato del Pacto Histórico es estructuralmente difícil. No imposible, pero requeriría una movilización inédita de su electorado base y errores graves del contrario.
El punto de partida
Colombia eligió sus dos finalistas el 31 de mayo de 2026. Ninguno alcanzó mayoría absoluta y ambos llegan al balotaje del 21 de junio con menos de tres puntos de diferencia en primera vuelta. La primera encuesta de segunda vuelta —publicada por Atlas Intel / Semana el 2 de junio, la misma encuestadora que más se acercó al resultado del 31 de mayo— amplía ese margen: De la Espriella 50,3%, Cepeda 42,6%, una ventaja de 7,7 puntos. Más revelador aún es el dato de rechazo comparado: el 56,6% de los colombianos dice rechazar más a Cepeda como presidente, frente al 40,3% que rechaza más a De la Espriella. Una diferencia de 16 puntos en el indicador que mejor predice comportamiento electoral en segunda vuelta.
La serie temporal desde enero muestra un crecimiento sostenido de De la Espriella —con un único descenso en mayo rápidamente recuperado— y un techo estructural para Cepeda que no logra superar el umbral 42–43%. El voto blanco/nulo/no sé se comprime a 7,1%: hay muy poco espacio de conversión disponible. El escenario para Cepeda no es imposible, pero requeriría una movilización inédita de su base y errores graves del contrario.
Los vectores de momentum importan tanto como los programas. De la Espriella llega subiendo y sobre el 50%; Cepeda llega con un techo. Con un rechazo de 56,6% hacia el candidato del Pacto Histórico, la asimetría electoral es estructural, no coyuntural.
Lo que este análisis busca es distinto de la cobertura noticiosa: no quién va a ganar, sino qué implica cada modelo para Colombia al 2050, con especial énfasis en las nuevas economías y en lo que cada programa significa —o no significa— para la región Caribe y el departamento de Sucre.
Abelardo de la Espriella
La columna vertebral de su propuesta macroeconómica es alcanzar tasas de crecimiento del PIB de entre 6% y 7% anual —más del doble de la dinámica actual— mediante un ajuste fiscal de $70 billones COP y la reducción del Estado en una cuarta parte. El lema que lo sintetiza: "pasar de administrar escasez a desatar abundancia". Sus referentes declarados son Bukele y Milei. La fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo, ancla el perfil en la ortodoxia fiscal del gobierno Duque.
La promesa central es generar 3 millones de empleos en cuatro años mediante flexibilización laboral radical: contratos por horas, híbridos y por proyectos. La seguridad jurídica para la inversión extranjera es el eje transversal de toda su arquitectura económica.
- Trabajo digital: internet gratuito para que jóvenes de cualquier municipio puedan trabajar remotamente para empresas internacionales. Es inserción en cadenas globales de valor digital, no construcción de ecosistemas endógenos.
- Tecnología institucional: blockchain como herramienta por defecto en contratación pública para 2030. Una señal concreta de modernización del Estado, aunque acotada.
- Energía: recuperar la exploración y producción de petróleo y gas con seguridad jurídica, acelerar proyectos costa afuera, y —explícitamente— transformar el sistema eléctrico de la Costa Caribe. La transición energética no aparece como vector económico sino como meta de eficiencia.
- Sector minero-energético: rechazo explícito a tratarlo "con prejuicios ideológicos". Revivalismo extractivista como base de estabilidad fiscal.
Aquí está la capa de este programa que más interesa al análisis territorial y que la cobertura mediática ha subvalorado. La fórmula De la Espriella-Restrepo no propone simplemente achicar el Estado: propone trasladar el Estado hacia los territorios. El mecanismo es una Ley de Competencias que profundice la descentralización entregando más responsabilidades y recursos a departamentos y municipios, en articulación con la reforma al SGP aprobada en diciembre de 2024 y un rediseño del SGR para que los recursos lleguen con menos intermediación burocrática del centro.
El propio De la Espriella lo dijo ante la cumbre de gobernadores de la FND: "Las regiones no serán rehenes del Gobierno" y "No puede ser que se asignen obligaciones sin presupuesto". Asumió un "compromiso total" para que la Ley de Competencias se articule e implemente cuanto antes, ligándola explícitamente a la reducción del tamaño del Estado central. La lógica es: cuando el Estado nacional se adelgaza, los recursos del SGP pesan más en proporción dentro del presupuesto territorial. Un ajuste fiscal de $70 billones en el centro puede significar, si se hace bien, un aumento relativo del poder de gasto en Sincelejo, Montería o Riohacha.
Restrepo complementa el argumento desde el ángulo técnico: la descentralización de funciones debe acompañarse de más responsabilidades para los entes territoriales y de la eliminación de agencias redundantes —INVIMA, ICA, superintendencias— que hoy capturan recursos que podrían fluir hacia los territorios. Su rol en el gobierno, según ha explicado, no será el de un ministro de Hacienda en la sombra sino el de articulador con el mundo exterior, atrayendo inversión en áreas de vanguardia como inteligencia artificial y energía nuclear, y operando como el "Marco Rubio del gobierno del Tigre".
Define qué le corresponde a cada nivel de gobierno. Elimina la superposición de funciones entre nación, departamentos y municipios. Comprometida para los primeros 100 días.
Aprovecha la reforma de diciembre 2024. Al reducir el Estado central, el SGP gana peso proporcional. En municipios donde ya representa el 60–70% del presupuesto, ampliar su participación redefine la relación fiscal Bogotá-regiones.
Reactivar exploración y producción incrementa el volumen de regalías disponibles para los territorios. La apuesta es que más regalías + menos OCAD + menos burocracia = más inversión territorial real.
Recorte del 40% en gastos públicos nacionales para 2030. El ahorro no se acumula en Bogotá: se redistribuye hacia competencias territoriales. La tesis: Estado central más pequeño = regiones más autónomas.
La crítica técnica más sólida viene de la propia Misión de Descentralización: "Dar más plata per se no soluciona el problema si no está acompañado de un rediseño de la lógica de las relaciones entre niveles de gobierno, porque vamos a transferir dineros y competencias como si todos tuvieran las mismas capacidades cuando el país es muy desigual." En municipios como los del sur de Sucre, la Mojana o el Bajo Cauca, la capacidad institucional para ejecutar recursos es limitada. Transferir competencias sin fortalecer esa capacidad puede profundizar, paradójicamente, la brecha entre municipios capital y municipios rurales rezagados.
El modelo De la Espriella-Restrepo tiene una lógica territorial que no es simplemente neoliberal: es descentralizadora. La reducción del Estado central se plantea como la condición para que los recursos fluyan hacia los territorios con mayor autonomía. El problema no es la dirección del argumento —que es correcta— sino los supuestos institucionales que requiere: la Ley de Competencias implica reformas profundas de gobernanza que Colombia lleva décadas intentando y que ningún gobierno ha podido cerrar en un solo período. Sin política industrial activa y sin fortalecimiento diferenciado de capacidades municipales, la descentralización puede beneficiar a Barranquilla y Cartagena, pero llegar tarde a Sincelejo, Lorica o San Marcos.
Iván Cepeda
El programa de Cepeda es, en su núcleo, la profundización del ciclo Petro. Sus cuatro ejes —revolución ética, social-económica, territorial y agraria— buscan redistribuir riqueza y expandir presencia estatal, financiados mediante progresividad tributaria: gravamen a grandes fortunas, reducción de exenciones empresariales y control de evasión vía DIAN. Propone un Banco del Pueblo para erradicar la pobreza monetaria que afecta a cerca de 17 millones de colombianos.
La revolución agraria es su apuesta más ambiciosa: Colombia como potencia agroalimentaria mundial, con formalización masiva de tierras, 30.000 km de vías terciarias bajo el programa Vías para la Paz y gestión pública del agua como derecho estratégico.
- Transición energética: acelerar la sustitución de combustibles fósiles, impulsar energías limpias y restringir el fracking. La más consistente agenda de economía baja en carbono entre los dos finalistas.
- Bioeconomía latente: soberanía alimentaria, protección de ecosistemas, sustitución de economías ilícitas. No se articula explícitamente como economía de la biodiversidad, pero sus elementos están.
- Tecnología cívica: herramientas digitales para combatir extorsión y secuestro, contratación con juntas de acción comunal. Tecnología al servicio del Estado social, no del mercado.
- Economía popular: el Banco del Pueblo y la Alianza Público-Popular para que organizaciones comunitarias ejecuten obras del Estado. Una forma heterodoxa de economía solidaria territorializada.
Cepeda ofrece más sensibilidad territorial y ambiental, pero su apuesta productiva central sigue siendo agraria-redistributiva, no de industrialización compleja. La transición energética está articulada como protección ambiental más que como oportunidad para nuevas industrias —hidrógeno verde, minerales críticos, servicios ambientales— que Colombia está en condición de desarrollar.
Nuevas Economías: frente a frente
| Eje de nueva economía | De la Espriella | Cepeda |
|---|---|---|
| Economía del conocimiento | Inserción subordinada — trabajo remoto para empresas globales Parcial | Educación pública como base; sin política industrial explícita Parcial |
| Transición energética | Revivar hidrocarburos + modernizar red eléctrica costeña Regresivo | Acelerar renovables, restringir fósiles, anti-fracking Presente |
| Bioeconomía | Ausente en el programa Ausente | Soberanía alimentaria; no articulada como industria Latente |
| Economía digital / IA | Blockchain en contratación; internet para trabajo remoto Parcial | Tecnología anticriminal y cívica Parcial |
| Economía circular | No aparece Ausente | No aparece Ausente |
| Minerales críticos | Seguridad jurídica para extractivas Parcial | Restricciones ambientales fuertes Restrictivo |
| Trabajo del futuro | Flexibilización radical: contratos por horas, híbridos Parcial | Protección salarial, "salario vital" Presente |
| Descentralización fiscal | Ley de Competencias + SGP + SGR reformado. Reducir Estado central para que los territorios tengan más peso proporcional Explícito | Ley de Competencias + LOOT desde comunidades. Pactos territoriales con cifras ambiciosas; fuente de financiamiento poco clara Parcial |
| Ciudades inteligentes / política urbana | No aparece Ausente | No aparece Ausente |
Ninguno de los dos tiene un programa de economía del siglo XXI con la densidad que Colombia necesita. De la Espriella apuesta a que el mercado libre las construya solo; Cepeda apuesta a que el Estado social las financie. Ambas son respuestas incompletas al desafío de 2050.
El Caribe: lo que realmente está en juego
Esta es la lectura que más importa desde el OCUC. El Caribe colombiano no aparece como gran apuesta programática en ninguno de los dos candidatos: aparece como votos a ganar. La diferencia está en el tipo de ausencia: una es por exceso de mercado, la otra por exceso de promesa redistributiva sin motor productivo.
El Caribe aparece en su programa con más densidad que en la mayoría de candidatos anteriores, aunque de manera heterogénea. La mención explícita a transformar el sistema eléctrico de la Costa Caribe es la señal infraestructural más concreta. La apuesta energética —costa afuera, gas estratégico, renovables del norte— convierte a la región en pieza clave de su modelo productivo, no solo en votantes.
La clave más relevante para el análisis territorial es la combinación Ley de Competencias + SGP + SGR: si el ajuste fiscal del Estado central se implementa correctamente, los departamentos y municipios del Caribe recibirían más recursos con mayor autonomía de ejecución. En una región donde el SGP ya representa entre el 60% y 70% del presupuesto municipal en la mayoría de los municipios, incluso un incremento marginal en la participación territorial tiene un efecto redistributivo significativo.
Sin embargo, su modelo de zonas económicas especiales y atracción de IED corre el riesgo de generar enclaves productivos en Barranquilla y Cartagena sin derrame hacia ciudades intermedias como Sincelejo, Montería o Valledupar. La ventaja política de ser costeño y outsider le da legitimidad discursiva en la región, pero no reemplaza una política diferenciada de desarrollo urbano para el interior del Caribe.
La revolución territorial y agraria de Cepeda tiene más potencial redistributivo para el Caribe: los 30.000 km de vías terciarias, la formalización de tierras, los programas de sustitución de economías ilegales. El componente de fortalecimiento de la presencia estatal en zonas históricamente abandonadas es directamente pertinente para los municipios del interior del Caribe y la Depresión Momposina.
Sin embargo, su programa no tiene agenda específica para ciudades intermedias caribes ni para los rezagos en planeación urbana y ordenamiento territorial. La continuidad Petro implica también la continuidad de los problemas de ejecución y de las tensiones fiscales de los últimos cuatro años.
La propuesta De la Espriella-Restrepo tiene una paradoja que es decisiva para Sucre: el mismo argumento que la hace atractiva para las regiones —transferir funciones y recursos al territorio— es el que puede perjudicar a los municipios con menor capacidad institucional. Un modelo que reduce el Estado central en una cuarta parte y transfiere competencias asume que todos los entes territoriales pueden ejecutar bien. En Sucre, donde la informalidad supera el 68%, los micronegocios son 162.890 y el déficit presupuestal de 2024 fue de $42.514 millones, la capacidad de absorber y ejecutar nuevas competencias es limitada. La Ley de Competencias puede beneficiar a Barranquilla y Cartagena antes que a Sincelejo y San Marcos. Por su parte, la propuesta de Cepeda de expandir beneficiarios de Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven sin una fuente de crecimiento productivo endógena para el departamento perpetúa la dependencia de transferencias sin transformar la estructura económica de Sucre. Ninguno de los dos tiene una respuesta para la terciarización espuria que define la economía sucreña.
Colombia al horizonte 2050
Una Colombia que transfiere poder fiscal y de gestión hacia los territorios mediante la Ley de Competencias y el SGP reformado, mientras el Estado central se adelgaza. Los departamentos y municipios con mayor capital humano e institucional —Bogotá, Medellín, Barranquilla— aprovechan la autonomía y se consolidan. Los territorios rezagados, sin esa capacidad, quedan expuestos al mercado en condiciones asimétricas. Al 2050, el Caribe podría tener un archipiélago de enclaves modernos en las capitales costeras y economías deprimidas en el interior departamental. La descentralización sin igualación de capacidades no es equidad: es geografía del capital.
Una Colombia que profundiza la redistribución y construye un piso social más amplio —condición necesaria pero no suficiente— sin resolver la diversificación productiva ni la competitividad estructural. El riesgo al 2050: un Estado más grande que no logra financiarse porque la base tributaria no crece al ritmo que crece el gasto. El Caribe tendría más cobertura social pero seguiría sin motor económico endógeno, con terciarización espuria persistente.
Lo que ninguno de los dos dice es que Colombia 2050 requiere una política explícita de ciudades intermedias, de industrialización ligada a la biodiversidad y a los minerales estratégicos, de formación técnica territorializada, y de planificación regional vinculante. La transición de una economía extractiva-terciaria a una economía del conocimiento con arraigo territorial no ocurre por default de mercado ni por expansión de transferencias: requiere política urbana y territorial deliberada.
La segunda vuelta del 21 de junio no es solo un referéndum ideológico: es una disputa sobre el modelo de relaciones entre el Estado central y los territorios para los próximos veinte años. La propuesta De la Espriella-Restrepo tiene una lógica descentralizadora real —Ley de Competencias, SGP reformado, SGR con menos intermediación— que la cobertura mediática ha simplificado como mero recorte neoliberal. Esa lectura es incompleta. El argumento de que achicar el Estado central puede, si se hace bien, fortalecer a los territorios, es técnicamente válido. El problema es el "si se hace bien": supone capacidades institucionales que Colombia no tiene distribuidas equitativamente, y que la Ley de Competencias sola no puede crear. Cepeda, por su parte, no resuelve el problema de fondo: más transferencias sin motor productivo endógeno perpetúan la dependencia. El Caribe no necesita un gobierno que lo vea como votantes ni como receptores de regalías: necesita uno que construya las condiciones para que sus ciudades y territorios sean productores activos de la economía del siglo XXI. Esa agenda no está escrita en ninguno de los dos programas. Escribirla —desde el análisis territorial— es la tarea.
Colombia decide 2026
Proyecciones · Tendencias · Escenarios de segunda vuelta
Proyecciones · Tendencias · Escenarios de segunda vuelta
COLOMBIA
DECIDE
2026
Ningún candidato alcanza el umbral del 50% en primera vuelta. Colombia se encamina a un balotaje histórico entre la izquierda del Pacto Histórico y la derecha populista de cuño costeño — con el voto caribeño como variable decisiva.
| Firma | Fecha | Cepeda | Abelardo | Valencia | Muestra | Fiabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invamer Caracol/BLU Radio |
26 abr 2026 | 44.6% | 31.6% | 14.0% | 3.800 | 91% |
CNC Revista Cambio |
16-22 may 2026 | 37.2% | 20.4% | 15.6% | 2.202 | 88% |
AtlasIntel Semana |
May 2026 | 36.0% | 31.5% | 16.0% | Online | — |
Guarumo EcoAnalítica / El Tiempo |
May 2026 | 37.1% | 27.5% | 21.7% | 4.245 | 87% |
Génesis Crea 134 municipios |
14-20 may 2026 | 34.3% | 21.7% | 27.9% | 4.352 | — |
CONDOR (promedio) 6 encuestadoras ponderadas |
28 may 2026 | 36.7% | 29.9% | 16.7% | ±2.5pp | — |
Empate técnico. 16.4% de indecisos y blanco deciden el presidente. La Silla Vacía / Guarumo.
Requiere que supere a Abelardo hoy. Antioquia y Costa son las regiones clave.
Proyección exclusiva de Invamer (91% fiabilidad). Reversible frente a otras encuestadoras.
El clientelismo político en Sucre y otros departamentos costeños responde más a redes locales que a alineaciones ideológicas. El factor abstención diferencial —históricamente alta en Sucre— puede beneficiar a quien tenga mejor maquinaria territorial el día de hoy.
en Costa Caribe
región Caribe
proyectada
La Mojana - Territorio Resiliente
De la Emergencia Perpetua al Desarrollo Resiliente: Análisis Estratégico Territorial para la Transformación de una Región con Historia de Milenios
La Mojana
De la Emergencia Perpetua al Desarrollo Resiliente: Análisis Estratégico Territorial para la Transformación de una Región con Historia de Milenios
Tabla de Contenido
El Estado del Asunto
La Mojana es una paradoja geográfica: la región con mayor potencial hídrico, arqueológico y agroecológico del Caribe colombiano acumula décadas de intervenciones estatales fallidas, recursos dilapidados e inundaciones recurrentes que el propio Estado contribuye a perpetuar.
Recursos aprobados vía CONPES 4076/2022 entre SGR ($521 MM) y Presupuesto General de la Nación ($1.31 B) para intervenciones integrales 2022–2026.
El Fondo Adaptación, con cerca de $960.000 millones ejecutados entre 2011 y 2021, logró solo el 32% del avance programado. La ejecución real sobre $224.484 MM asignados fue del 52.68%.
El pueblo Zenú construyó entre el año 200 a.C. y el 1000 d.C. el sistema de canales artificiales más grande y sofisticado de América precolombina sobre 500.000 hectáreas.
El 83.8% de la población se considera pobre y muy vulnerable. El IPM promedio es del 61.53%, 42 puntos por encima del promedio nacional.
El contrato FA-IC-I-F-140-2020 para protección de San Marcos y Magangué presentaba 4% de avance tras más de dos años, según Contraloría General (2023).
Actúan en el territorio: Fondo Adaptación, UNGRD, FNGRD, 4 CAR, 4 gobernaciones, 11 alcaldías, PNUD y múltiples ministerios. Sin ningún mecanismo de coordinación con autoridad real.
Los Zenú y la Gran Obra Hídrica de América
Antes de cualquier diagnóstico moderno, es necesario entender que La Mojana fue, durante más de un milenio, el escenario de una de las hazañas de ingeniería civil más extraordinarias del mundo precolombino.
La Civilización del Agua (200 a.C. – 1000 d.C.)
El pueblo Zenú, asentado en la Depresión Momposina desde aproximadamente el año 200 antes de Cristo, desarrolló un sistema de gestión hídrica que asombra a los hidrólogos contemporáneos. Sobre un área de 500.000 hectáreas de planicie inundable, construyeron una red de canales artificiales y camellones (plataformas elevadas entre los canales) que cumplía funciones simultáneas de extraordinaria sofisticación:
- Regulación hídrica activa: Los canales distribuían y amortiguaban los pulsos de inundación de los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena de forma controlada, convirtiendo la amenaza en recurso.
- Producción agrícola permanente: Los camellones permitían cultivos sobre el nivel de inundación con fertilización natural por sedimentos fluviales, garantizando producción continua durante temporadas de lluvias e inviernos.
- Acuicultura integrada: Los canales funcionaban simultáneamente como criaderos de peces —especialmente bocachico— generando proteína animal de manera sostenida.
- Red de comunicaciones: La malla de canales era la infraestructura de movilidad regional, permitiendo conectividad fluvial en toda la planicie.
- Regulación microclimática: La gran superficie hídrica creada por el sistema generaba condiciones de humedad y temperatura que moderaban los extremos climáticos estacionales.
El sistema de canales y camellones Zenú no era una respuesta a las inundaciones: era su apropiación como principal activo productivo y cultural. Los Zenú no combatían el agua: la gobernaban.
— Orlando Fals Borda, historiador de la cultura anfibia momposinaPatrimonio Arqueológico: Un Tesoro Amenazado
El ICANH ha identificado que los municipios con mayor concentración de evidencia arqueológica son San Marcos (5.96%), Majagual (5.52%), Caimito (4.55%), San Benito Abad (3.41%) y Sucre (1.64%) de sus territorios totales. Los camellones y áreas de cultivo prehispánicas tienen políticas de protección general, pero carecen de la declaratoria de Área Arqueológica Protegida que el CONPES 4084 le ordenó al ICANH gestionar —y que aún no se ha materializado.
Esta riqueza está siendo destruida sistemáticamente por la ganadería extensiva en zonas de humedal, la expansión de frontera agrícola sobre camellones y la minería ilegal en cuencas aferentes.
La Ruptura del Paradigma: De la Cultura Anfibia a la Cultura de la Emergencia
El concepto de "cultura anfibia" acuñado por Orlando Fals Borda para los pobladores de la Depresión Momposina es clave para entender el fracaso de todas las intervenciones modernas. Los pobladores históricos de La Mojana no padecían las inundaciones: convivían con ellas y las aprovechaban. La ruptura de este paradigma comenzó en la segunda mitad del siglo XX, cuando el Estado colombiano importó modelos de drenaje y control hídrico europeos diseñados para secar humedales y convertirlos en tierra agrícola "convencional".
El dique marginal del río Cauca, cuya construcción comenzó en la década de 1970 con la misión técnica colombo-holandesa, no fue un instrumento de gestión hídrica adaptativa: fue la primera gran afirmación de que La Mojana debía dejar de ser un humedal. Con ese acto fundacional, el Estado colombiano comenzó una guerra contra el agua que cuatro décadas de inversiones no han logrado ganar —ni ganarán— porque la geografía siempre vence.
Construcción del sistema hidráulico Zenú
500.000 hectáreas de canales y camellones. La mayor obra de ingeniería hídrica de América precolombina. Producción agrícola y acuícola continua. Cultura de convivencia activa con el agua.
Misión Técnica Colombo-Holandesa
Primera intervención moderna de gran escala. Diseño del dique marginal bajo modelo holandés de "control" hídrico, inadaptado a las dinámicas de la planicie inundable tropical.
Diseño de diques adicionales
Ampliación del modelo de control estructural. Sin evaluación del impacto sobre los ecosistemas de humedal ni sobre la cultura anfibia de las comunidades.
Fenómeno La Niña: El gran desastre
96% de los municipios de Colombia afectados. 4 millones de damnificados. Decreto de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Creación del Fondo Adaptación como respuesta estructural.
Rompimiento de Caregato
Ruptura del terraplén en el sector Cara de Gato (San Jacinto del Cauca). 126.800 personas afectadas. 34.721 ha de cultivos destruidas. El modelo hidrodinámico del Fondo Adaptación queda invalidado.
Anatomía de un Fracaso Institucional Crónico
Las problemáticas de La Mojana no son naturales: son el producto de decisiones de política pública que durante cuatro décadas negaron la naturaleza del territorio en lugar de adaptarse a ella.
La Crisis Ambiental: Caregato, Sedimentación y Mercurio
El rompimiento de Caregato en agosto 2021 y la nueva morfología del río Cauca post-evento invalidan todos los diseños de ingeniería del Fondo Adaptación elaborados con el modelo hidrodinámico de 2013–2016. Los $77.693 millones del contrato FA-IC-I-F-140-2020 para San Marcos y Magangué fueron dimensionados con un escenario de cuenca que ya no existe. A mayo de 2025 el modelo no ha sido actualizado.
Sedimentación Acelerada
El transporte de sedimentos en La Mojana es 61.1% superior al promedio nacional: 720 ton/año·km² versus 450 ton/año·km² a nivel país. Las consecuencias son progresivamente catastróficas:
- Pérdida de la capacidad de almacenamiento hídrico en ciénagas y humedales
- Colmatación de los canales Zenú, destruyendo la infraestructura hidráulica ancestral que nadie ha construido en el presente
- Reducción de la conectividad entre ríos y ciénagas, eliminando los pulsos naturales que fertilizan la planicie
- Destrucción de hábitats de reproducción de especies acuáticas (zapales)
- Necesidad de restaurar cerca de 40.000 hectáreas de cobertura vegetal riparia (IAvH, 2019)
La Contaminación por Mercurio: Una Emergencia de Salud Pública Silenciada
La minería aurífera ilegal en el sur de Bolívar, norte de Antioquia y cuenca alta del río San Jorge vierte residuos de mercurio que llegan directamente a la red hídrica de La Mojana. El cuadro es dramático:
| Indicador | Datos | Implicación |
|---|---|---|
| Mercurio usado en minería ilegal | 108 ton/año | Para obtener 17 toneladas de oro |
| EVOA en áreas protegidas (nacional) | 74% | Concentrado en Complejo Cenagoso de Ayapel |
| Concentración mercurio en peces | Supera límites OMS | Inseguridad alimentaria para 450.000 personas |
| Territorios con EVOA + coca | 41% | Doble amenaza ambiental y de seguridad |
| Regalías perdidas por minería ilícita (2019) | $140 mil MM | Recursos que podrían financiar desarrollo |
El Ciclo Perverso de las Inversiones
La Contraloría General de la República, en su Actuación Especial de Fiscalización CGR-CDSI 014 (junio 2023), documentó con rigor forense el fracaso del modelo de gestión:
11 hallazgos administrativos, 9 con presunta incidencia disciplinaria y 1 con connotación fiscal por $556.607.002 (Centro de Salud de Guaranda). El contrato de obras del dique de Achí finalizó su plazo con 42% de ejecución física. El 20% de las viviendas construidas en Sucre-Sucre están vandalizadas y abandonadas. Cuatro informes finales de supervisión no fueron aportados.
Las patologías sistémicas identificadas incluyen: planificación desconectada del territorio; contratación sin capacidad de supervisión; obras sin pertinencia sociocultural; ausencia de gestión del cambio; y fragmentación institucional sin coordinación efectiva.
La Crisis del Paradigma Productivo
Con el 48.5% del territorio en pastos, la ganadería extensiva es la actividad dominante pero también la más depredadora del ecosistema. Los conflictos de uso del suelo por sobreutilización alcanzan el 13% del territorio (Magangué: 53%, Majagual: 51%) y por subutilización el 24%. La agricultura opera sin marcos de referencia agroeconómicos que permitan acceso a crédito formal. La pesca artesanal —tercera actividad económica de la región— está siendo destruida por la sobreexplotación, la contaminación por mercurio y la eliminación de zapales.
Seis Décadas de Diagnósticos sin Transformación
La Mojana es quizás la región colombiana con más documentos de política pública por kilómetro cuadrado y menos resultados por página. El patrón se repite: diagnóstico riguroso, plan ambicioso, ejecución fragmentada, evaluación nula.
La Misión Colombo-Holandesa (1977): El Origen del Error
La primera misión técnica de gran escala en La Mojana fue realizada por expertos holandeses en 1977, convocados precisamente por su experiencia en manejo de zonas inundables. La paradoja es que el modelo holandés —que consiste en secar humedales, construir diques y crear tierra agrícola mediante bombeo— es el modelo opuesto a lo que La Mojana requiere.
Los Países Bajos contienen el mar: un esfuerzo permanente y energéticamente intensivo de mantener seco lo que la naturaleza quiere inundar. La Mojana es una planicie de inundación fluvio-deltaica cuya función ecológica principal ES inundarse cíclicamente. Aplicar el modelo holandés aquí fue como prescribir quimioterapia para un paciente con gripe: la medicina correcta para la enfermedad equivocada.
El diseño del dique marginal resultante de esta misión comenzó la saga de obras hidráulicas que no resuelven el problema sino que lo transforman y lo desplazan. Como señala el Plan de Acción Integral del Fondo Adaptación (2016): "En el pasado muchas de las intervenciones estructurales que se hicieron en la Mojana fueron reactivas a las emergencias y no lograron el objetivo de disminuir el riesgo, por el contrario, terminaron por exacerbarlo o simplemente lo trasladaron a un punto geográfico diferente."
Misión Colombo-Holandesa
Primer diseño del Dique Marginal del Cauca bajo modelo holandés. Paradigma de control y drenaje inadaptado a planicie inundable tropical. Origen del conflicto estructural entre obras y geografía.
Infraestructura de ControlPrograma de Desarrollo Sostenible de La Mojana
Primer enfoque integral con 6 programas sectoriales. Inversión estimada de $77.000 MM (pesos 2002). El gran hito era crear una Alianza pro-Mojana para articulación intersectorial. No generó el impacto esperado.
Desarrollo IntegralEstrategias para la Reactivación Económica
Plan de acciones regionales prioritarias para el desarrollo sustentable. Primera política CONPES específica para La Mojana. Grado de cumplimiento declarado: parcial. Sin evaluación formal de impacto.
Política PúblicaDeclaratoria de Importancia Estratégica
Post-La Niña 2010-2011. Creación formal del Macroproyecto La Mojana del Fondo Adaptación. Asignación de $418.095 MM (reducidos luego a $224.484 MM). Ejecución real a dic/2022: 52.68%.
Reconstrucción Post-DesastrePlan de Acción Integral
El documento técnico más riguroso elaborado para la región. Modelo hidrodinámico bidimensional sobre 1.100.000 ha. Cinco programas integrados. Presupuesto: $1.06 billones. Horizonte: hasta 2018. Nunca actualizado.
Planeación TécnicaMarco Dual de Resiliencia Climática
CONPES 4076: $1.83 billones para infraestructura (SGR + PGN). CONPES 4084: $54.062 MM para política de resiliencia socioecológica. Primer marco que combina obras estructurales con SbN y desarrollo sostenible.
Marco VigenteLecciones de los Países Bajos Aplicadas al Contexto Correcto
Si la Misión Holandesa de 1977 trasplantó el modelo equivocado, el aprendizaje más relevante de los Países Bajos para La Mojana es el Plan "Room for the River" (2006–2019), que es exactamente lo opuesto al modelo de diques: en lugar de construir más diques para contener ríos que crecen, los holandeses cedieron espacio al río, desplazando infraestructuras, creando llanuras de inundación controladas y convirtiendo los corredores fluviales en parques y zonas recreativas.
Este es el paradigma que La Mojana necesita: no más diques para ganarle tierra al agua, sino diseño territorial que devuelve al agua su espacio natural mientras se adaptan los asentamientos humanos e infraestructuras para coexistir con los pulsos hídricos.
La Ventana de Oportunidad: Recursos sin Arquitectura
Por primera vez en la historia de La Mojana existe un compromiso financiero a escala suficiente. El desafío no es ya la escasez de recursos sino la capacidad institucional para traducirlos en transformación real.
Alcance Técnico del CONPES 4076
Las intervenciones contempladas cubren nueve municipios (exceptuando San Marcos y Magangué, cuyas obras están en ejecución con el Fondo Adaptación): Guaranda, Majagual, Sucre, Caimito, San Benito Abad (Sucre); San Jacinto del Cauca y Achí (Bolívar); Ayapel (Córdoba); Nechí (Antioquia).
| Componente | Descripción | Alcance |
|---|---|---|
| Zona Urbana | Tablestacados, obras de protección de cauces, estaciones de bombeo, diques perimetrales, viviendas palafíticas | 7 cascos urbanos |
| Zona Rural | Dique marginal rehabilitado con puntos de conexión hidráulica con el río Cauca | 122 km · 33 puntos conexión |
| SbN — Caños | Rehabilitación y mantenimiento de canales (Soluciones basadas en la Naturaleza) | 400 km de caños |
| SbN — Ecosistemas | Restauración ecosistémica de humedales y cobertura riparia | ~40.000 ha proyectadas |
| Puntos Conexión Hídrica | Reconexión río Cauca con planicie inundable (paradigma Room for the River) | 2 puntos río San Jorge |
El rompimiento de Caregato (agosto 2021) invalida el modelo bidimensional elaborado en 2013–2016 sobre el que se basan todos los diseños de infraestructura. Invertir $1.83 billones en obras diseñadas con un modelo obsoleto es garantía de fracaso. Esta actualización —urgente— debe hacerse con el Ideam, el Fondo Adaptación y universidades con experiencia en modelación hídrica antes de continuar la ejecución contractual.
La Economía del Agua como Ventaja Competitiva
La Mojana posee los ingredientes para construir uno de los destinos turísticos más singulares de América Latina: patrimonio arqueológico sin parangón, biodiversidad excepcional, gastronomía auténtica y una geografía de agua que ningún otro territorio puede replicar.
Turismo Arqueológico Zenú
El sistema de camellones y canales Zenú es candidato natural a Patrimonio Mundial UNESCO. Museos de sitio, reconstrucciones de técnicas de cultivo ancestral y navegación por canales prehispánicos. Gasto promedio turismo cultural: USD 1.870–3.140 por visita.
Avistamiento de Aves
89 especies identificadas en temporada de aguas bajas solo en el área de humedal. El Complejo Cenagoso de Ayapel (sitio Ramsar) tiene potencial para circuitos internacionales de birdwatching. Gasto promedio: USD 3.000 por visita.
Ecoturismo de Humedales
La red de ciénagas y caños, una vez rehabilitada, permite circuitos de turismo lento en canoa. Los humedales temporales (37% del territorio) y permanentes (21%) crean paisajes únicos estacionales. Producto diferenciado de alto valor ecológico.
Turismo de Pesca Artesanal
Experiencia guiada de pesca artesanal con techniques ancestrales combinada con gastronomía local. Certificación de origen como valor agregado para mercados nacionales e internacionales. Requiere resolución previa de contaminación por mercurio.
Turismo Gastronómico
Cocina del agua: bocachico, bagre, arroz de la Mojana, ñame, plátano de ciénaga. Denominación de origen geográfica en proceso. Circuitos culinarios que convierten la mesa local en atractor turístico de alta distinción cultural.
Agroturismo de Humedal
Experiencias inmersivas en sistemas silvopastoriles, cultivos de arroz adaptados, pesca artesanal y ganadería tradicional. El SENA Majagual como hub de formación y puerta de entrada al agroturismo regional. Vínculo directo con economía local.
🗺 Ruta Macondo: El Corredor Garciamarquiano
Gabriel García Márquez nació en Aracataca (Magdalena) pero la geografía de su imaginación es la Depresión Momposina. Cien Años de Soledad, El Amor en los Tiempos del Cólera y gran parte de su obra están ambientados en un mundo inundable, de ciénagas eternas y aldeas fundadas junto al río, que es exactamente La Mojana y sus territorios adyacentes. La declaratoria de García Márquez como Premio Nobel de Literatura (1982) es un activo de marketing cultural de clase mundial que La Mojana no ha comenzado siquiera a explotar.
La Ruta Macondo puede articularse con el Circuito del Caribe Colombiano, conectando Cartagena → Mompox → La Mojana → Valledupar → Santa Marta → Aracataca en un producto turístico de 7-10 días que compite en los mercados europeo y norteamericano con las rutas culturales de primera clase.
Estrategia Turística Integrada
El CONPES 4084 identificó que el turismo de naturaleza puede generar ingresos extraordinarios para la región, pero reconoció que ninguno de los cuatro departamentos de La Mojana tiene planes de desarrollo turístico actualizados. Los obstáculos actuales son sistémicos:
- Cobertura promedio de internet fijo: 2.1% (Sucre: 0.06%). Imposibilidad de booking online, comunicación con turistas, marketing digital.
- Ausencia de marca territorial unificada que posicione La Mojana como destino.
- Infraestructura básica deficiente: acueducto (58% cobertura promedio), alcantarillado (17.77%).
- Contaminación por mercurio que hace inseguro el consumo de pescado, principal atractivo gastronómico.
- Sin catastro actualizado (63% de desactualización según IGAC 2017), imposibilidad de titulación para inversión hotelera.
1. Declaratoria Área Arqueológica Protegida (ICANH) → 2. Conectividad digital básica (MinTIC) → 3. Resolución contaminación mercurio → 4. Formulación planes turísticos departamentales → 5. Producto turístico piloto Ruta Zenú + Macondo → 6. Posicionamiento internacional en ferias turísticas
La Inversión que Hace Posibles Todas las Demás
La Mojana tiene recursos, estudios y diagnósticos. Lo que no tiene es la institucionalidad que garantice que el dinero se convierta en bienestar. Ningún modelo vigente tiene la autoridad, continuidad e integralidad necesarias.
Por Qué Fracasan los Modelos Actuales
El Fondo Adaptación fue creado como entidad temporal post-Niña 2010-2011, opera bajo lógica de proyecto, no tiene presencia permanente en territorio y su mandato es ejecutar contratos de infraestructura, no gestionar desarrollo integral.
La UNGRD tiene mandato de gestión del riesgo y respuesta a emergencias, no de desarrollo regional. Sus herramientas son la contratación de urgencia y la ayuda humanitaria.
Los once municipios tienen capacidades técnicas y financieras mínimas. El 63% tienen Medición de Desempeño Municipal baja.
Las cuatro CAR tienen jurisdicciones fragmentadas que no coinciden con la unidad hídrica de la región y mandato exclusivamente ambiental.
Modelo Propuesto: Agencia de Desarrollo Regional de La Mojana (ADRIM)
Referentes Internacionales
| Referente | País/Año | Lección Aplicable |
|---|---|---|
| Tennessee Valley Authority (TVA) | EEUU / 1933 | Desarrollo integral de cuenca fluvial devastada. Combinó control de inundaciones, generación de energía, navegación, desarrollo forestal y rural. Transformó en 30 años una de las regiones más pobres de EEUU. |
| Room for the River | Países Bajos / 2006–2019 | Abandonó el paradigma de diques. Cedió espacio al río creando llanuras de inundación controladas. Convirtió la gestión hídrica en desarrollo territorial y turismo. |
| CVC — Valle del Cauca | Colombia / 1954 | Referente nacional más cercano. Gestión integrada de cuenca con autoridad regional. Limitación: solo mandato ambiental, sin desarrollo integral. |
| Agencias de Desarrollo Regional | Chile / Francia | Coordinan inversión pública y privada bajo visión territorial de largo plazo. Fomentan encadenamientos productivos y posicionamiento competitivo de la región. |
Hoja de Ruta por Horizontes Temporales
| Horizonte | Acciones Prioritarias |
|---|---|
| Corto Plazo (0–2 años) | Actualización modelo hidrodinámico post-Caregato · Declaratoria Área Arqueológica Protegida · Sistema información pública inversiones · Control minería ilegal · Apertura SENA Majagual · Diseño institucional ADRIM |
| Mediano Plazo (2–5 años) | Inicio obras protección cascos urbanos con diseños actualizados · Rehabilitación 400 km caños prioritarios · Catastro multipropósito 11 municipios · Producto turístico piloto Ruta Zenú · Programa reconversión ganadera · SAT operativo al 100% |
| Largo Plazo (5–10 años) | Dique marginal 122 km completamente rehabilitado con 33 puntos conexión hidráulica · Certificación ambiental pesca y arroz · La Mojana en circuitos internacionales turismo de humedales · Candidatura UNESCO camellones Zenú · Valores carbono integrados a mercados voluntarios |
Un Nuevo Sucre: El Departamento en el Epicentro
Aunque La Mojana comprende cuatro departamentos, es Sucre quien lleva el peso principal de la tragedia y quien alberga el mayor potencial de transformación. Seis de los once municipios de la región pertenecen a Sucre: San Marcos, Guaranda, Majagual, Sucre (municipio), Caimito y San Benito Abad.
San Marcos, Guaranda, Majagual, Sucre, Caimito y San Benito Abad conforman el núcleo del problema y la oportunidad
La mayor parte del CONPES 4076 se ejecuta en territorio de Sucre. Primera vez en historia departamental a esta escala
IPM promedio de los municipios en Sucre, 42 puntos por encima del promedio nacional. El desarrollo humano como urgencia
Sitio Ramsar de importancia internacional en la jurisdicción. El mayor activo ambiental del departamento aún no puesto en valor
Sucre: El Estado del Asunto
Sucre es el departamento más afectado por las inundaciones recurrentes de La Mojana y el que más inversiones ha recibido sin resultados proporcionales. El caso del municipio de Sucre-Sucre —donde el 20% de las viviendas construidas con el contrato 179/2017 del Fondo Adaptación están vandalizadas y abandonadas— es la metáfora perfecta del modelo fallido: se construyeron 354 viviendas para familias rurales en zona urbana, alejadas de sus fincas, sus peces y su economía. Las familias volvieron a sus predios rurales y dejaron las casas vacías.
San Marcos, con el 40% de su territorio en subutilización y el proyecto de protección de su casco urbano con solo 4% de avance tras dos años, ilustra la brecha entre la inversión comprometida y la inversión realizada. Guaranda tiene el Centro de Salud más costoso construido en la región ($8.719 millones) con deficiencias constructivas que generaron un detrimento fiscal de $556 millones y posventas sin atender.
La Visión: Un Nuevo Sucre Anclado en su Geografía
El cambio de paradigma que necesita Sucre no es solo institucional: es narrativo y de identidad. El departamento debe pasar de narrar su historia como víctima de inundaciones a posicionarse como custodio de la civilización del agua más importante de América. Este cambio no es retórico: tiene implicaciones concretas en política pública, inversión turística, economía y cooperación internacional.
EJE 1: PATRIMONIO COMO MOTOR
Declaratoria de Área Arqueológica Protegida en Majagual, San Marcos y San Benito Abad. Candidatura UNESCO del sistema Zenú. Museo Regional del Agua en San Marcos como hub cultural. Centro de Formación en Gestión de Humedales en Guaranda.
EJE 2: ECONOMÍA DEL AGUA
Certificación de arroz de la Mojana con sello de origen geográfico. Pesca artesanal certificada libre de mercurio. Turismo de humedales con operadores locales. Sistemas silvopastoriles con certificación ambiental y acceso a mercados de carbono.
EJE 3: INFRAESTRUCTURA ADAPTADA
Obras de protección de cascos urbanos dimensionadas con el nuevo modelo hidrodinámico post-Caregato. Viviendas palafíticas en sitio (no reubicaciones urbanas). Vías terciarias con corredor geotécnico específico para suelos inundables. Acueductos y alcantarillado con tecnología apropiada para zonas húmedas.
EJE 4: FORMACIÓN DEL TALENTO
SENA Majagual como polo de formación en gestión hídrica, agroecología de humedales, guianza turística especializada y arqueología aplicada. Los jóvenes de Sucre deben ser los técnicos y gestores del desarrollo de su territorio, no espectadores de intervenciones externas.
Sincelejo y la Gobernación: El Rol Transformador
La Gobernación de Sucre tiene un rol único en este proceso: es simultáneamente beneficiaria de los recursos del SGR, interlocutora con el gobierno nacional, y garante de que las inversiones lleguen al territorio con pertinencia. La declaratoria de importancia estratégica regional que realizó Sucre el 7 de febrero de 2022 fue un acto político de alta responsabilidad. El siguiente paso —igualmente crítico— es construir la capacidad técnica departamental para acompañar y exigir la ejecución de los recursos comprometidos.
Sincelejo, como capital departamental, debe posicionarse como el nodo de servicios de alta complejidad (salud, educación universitaria, comercio) que ancla el sistema urbano regional del que La Mojana es la periferia productiva y cultural. Una integración territorial que convierta la complementariedad Sincelejo–La Mojana en un modelo de desarrollo policéntrico para el Caribe colombiano.
La Inversión Más Urgente es Institucional
Los recursos están. Los estudios están. El diagnóstico es preciso. Lo que falta es la arquitectura institucional que conecte todo eso con el territorio real.
La Mojana tiene todo para ser una región próspera: un patrimonio cultural sin equivalente, una biodiversidad excepcional, tierras de alta productividad agrícola, recursos hídricos de clase mundial y, por primera vez en décadas, recursos financieros comprometidos a escala suficiente. La Agencia de Desarrollo Regional de La Mojana —concebida con los referentes técnicos de una TVA tropical adaptada al contexto colombiano, con gobernanza multi-nivel, presencia permanente en territorio, autoridad coordinadora real y mecanismos robustos de rendición de cuentas ante las comunidades— es la inversión institucional sin la cual todas las demás inversiones seguirán dilapidándose.
Los 450.000 habitantes de La Mojana llevan décadas esperando que alguien traduzca sus inundaciones en oportunidades. Es hora de hacerlo.
El cambio de paradigma no es pasar de hombres del agua a hombres del desarrollo. Es entender que el agua ES el desarrollo. La civilización Zenú lo supo durante mil años. Nos corresponde recordarlo.
— Análisis Estratégico OCUC, 2025
Propuestas Presidenciales para el Caribe
Análisis estratégico de programas de gobierno 2026–2030 para el Caribe Colombiano
Análisis estratégico de programas de gobierno 2026-2030
Propuestas
Presidenciales
para el Caribe
Índice del Documento
Contexto Electoral
La primera vuelta presidencial está fijada para el 31 de mayo de 2026, con 14 candidatos inscritos ante la Registraduría Nacional. Los tres candidatos con mayor intención de voto según encuestas recientes (Guarumo, AtlasIntel) son Iván Cepeda (Pacto Histórico, ~38 %), Abelardo De la Espriella (Defensores de la Patria, ~24 %) y Paloma Valencia (Centro Democrático + Partido Liberal + Conservador + Partido de la U, ~23 %). Con más del 25 % de indecisos, el escenario de segunda vuelta —prevista para el 21 de junio— permanece abierto.
Para el análisis regional también resultan relevantes Carlos Caicedo (Fuerza Ciudadana), por su perfil caribeño y propuesta federalista, y Sergio Fajardo (Dignidad y Compromiso), por su énfasis en energía competitiva para la Costa.
Iván Cepeda · Pacto Histórico
Abelardo De la Espriella · Defensores de la Patria
Paloma Valencia · Centro Democrático
Iván Cepeda
Agua y Saneamiento Básico
Construcción de sistemas de acueducto en cada municipio rural del país. Destaca que el 80% de los municipios colombianos enfrenta dificultades con la calidad del agua para consumo humano.
Rechaza la continuidad de "contratos eternos con operadores privados que no responden". Propone fortalecer la gestión pública y comunitaria con control social y transparencia.
Infraestructura Rural
Plan Nacional de Vías Terciarias para garantizar el transporte de personas y alimentos hacia mercados urbanos e internacionales desde los municipios rurales.
Acercar el mercado campesino a la ciudad. Integración de la producción rural con los circuitos urbanos de consumo, con énfasis en la región Caribe.
Reforma Agraria y Sector Productivo
Ampliar la frontera agrícola productiva en 1,5 millones de hectáreas. Apuestas en coco, pasifloras, cereales y ganadería regenerativa —cultivos con potencial en el Caribe colombiano.
Continuidad en la entrega de títulos a campesinos. Delimitación diferenciada entre agricultura campesina-familiar y agricultura productiva-exportadora.
Garantizar fuentes de energía que cubran las necesidades básicas en cada municipio rural. Prohibición absoluta del fracking por riesgo hídrico y territorial.
Descentralización y Ordenamiento
Formula planes de ordenamiento productivo para organizar el desarrollo según las características de las regiones administrativas y de planificación —incluyendo la Caribe— como instrumento del PND 2026–2030.
Valoración Estratégica para el Caribe
Paloma Valencia
Crisis Energética del Caribe — Propuesta Central
El Estado asumiría los costos de modernización de infraestructura obsoleta —redes, subestaciones— bajo un modelo de "resultados": las empresas solo recibirían recursos atados a mejoras verificables en el servicio.
La transición energética debe tener consciencia social. Con énfasis explícito en la región Caribe: reducir costos de gasolina y facturas eléctricas mediante explotación de hidrocarburos con compensación ambiental.
Subsidio al gas de pipeta para llevar estufas a usuarios rurales que hoy cocinan con leña. Mejora condiciones de salud sin renunciar al gas como puente energético en la transición.
Incrementar la producción petrolera hasta un millón de barriles diarios, fortalecer la explotación de gas continental y costa afuera. Impulso al fracking como mecanismo de generación de recursos.
Infraestructura y Vivienda
Construcción de un millón de viviendas con reactivación del programa Mi Casa Ya. Con impacto directo en Sincelejo, Montería, Santa Marta y municipios costeros con alto déficit habitacional.
Ampliación de sistemas de acueducto en zonas urbanas y rurales. Cobertura universal como meta del cuatrienio, con priorización en regiones con déficit estructural.
Inversión masiva en infraestructura vial rural, conectividad digital satelital y transporte sostenible. Fortalecimiento de la integración territorial con proyectos de movilidad moderna.
Descentralización Diferenciada
Así como Bogotá se benefició del Estatuto 1421, otras regiones de Colombia merecen marcos normativos que les permitan evaluar nuevas capacidades fiscales, regulatorias, cambiarias y de comercio.
Recursos girados por el SGP de libre inversión para entes territoriales (excepto destinados por ley), permitiendo que comunidades y autoridades decidan mediante presupuestos participativos.
Sector Agropecuario
Defiende un modelo donde el agro funcione como sector empresarial con inversión privada, tecnificación y encadenamientos productivos. Define al Estado como "facilitador" de incentivos, reglas claras y seguridad jurídica —no como actor redistributor de tierra—. Incluye impulso a vías terciarias como "cuello de botella" para el transporte de bienes rurales.
Valoración Estratégica para el Caribe
Abelardo De la Espriella
Diagnóstico Estructural del Caribe
El Caribe tiene una pobreza cercana al 20% como consecuencia de decisiones de inversión pública tomadas desde Bogotá sin comprender las dinámicas regionales. No es casualidad: responde a tres problemas estructurales muy claros.
La energía es costosa, la logística es ineficiente y el transporte encarece cualquier actividad productiva —sea agro, turismo o servicios—. Si no se corrige, el potencial productivo de la región se queda en discurso.
En el Caribe la gente trabaja, pero no progresa, porque la mayor parte del empleo sigue siendo informal. La prioridad no es solo generar empleo, sino formalizarlo y hacerlo sostenible en el tiempo.
Plan Caribe — Energía (Propuesta Central)
El "Plan Caribe" incluye el pago de deudas acumuladas del Estado con la región para reducir directamente las tarifas de energía eléctrica. Es la propuesta más concreta de toda la campaña sobre tarifas.
Monitoreo diario del sistema energético desde la Presidencia y declaratoria de emergencia energética en los primeros 90 días de gobierno. Transformación del sistema eléctrico de la Costa Caribe como prioridad explícita.
Como parte del plan de choque, reactivar rondas de exploración de hidrocarburos en el corto plazo. Incluye proyectos costa afuera y aprovechamiento del gas asociado al carbón en el Cerrejón.
Regalías hacia Agua, Vías y Educación
Propone redirigir las regalías —que en 2024 alcanzaron cerca de $18 billones— hacia agua, vías terciarias y educación en las regiones productoras. Los mecanismos de control ciudadano se garantizarían a través de herramientas digitales de auditoría permanente.
Ordenamiento Productivo Territorial
Ordenamiento productivo basado en el Mapa Nacional de Zonificación Agrícola, Pecuaria y Forestal de la UPRA —obligatorio para orientar inversiones públicas en infraestructura rural—. Define qué producir, dónde y cuándo.
Programa de formación rural con el SENA, arrancando con un piloto en 50 municipios de menos de 30.000 habitantes para formar nuevos agricultores conectados a cadenas de valor.
Rutas claras de inserción laboral formal en agroindustria, turismo y logística. Articulación entre formación técnica, empresas del sector y municipios con potencial de crecimiento.
Formalización de la propiedad rural como parte de una reforma que busca cerrar brechas históricas en el campo. Incluye alianzas entre agricultores y sector privado con beneficios tributarios.
Gran Regionalización — Reforma Territorial Estructural
Propone eliminar progresivamente las 32 gobernaciones y asambleas departamentales para crear siete Grandes Regiones Autónomas, cada una con gobernador regional electo, parlamento regional y sistema fiscal propio.
Creación de una Junta Directiva conformada por todos los alcaldes de cada región como mecanismo de representación desde el nivel municipal. Ministerio del Interior y Gobernanza Territorial para liderar el proceso.
Valoración Estratégica para el Caribe
Carlos Caicedo
Federalismo y Autonomía Regional
Propone que los recursos del Estado se queden en los territorios para combatir la pobreza y cerrar la brecha de desigualdad. Su gestión en el Caribe sería el modelo replicable a escala nacional.
Descentralización de los sistemas educativos con focalización en las necesidades de las diferentes regiones, sacando la toma de decisiones de Bogotá hacia las localidades.
Energía con Participación Territorial
Propone que la reconversión energética "forme a los territorios para que no sean solamente testigos de cómo se hace extractivismo". Señala que en la Costa Caribe las poblaciones nunca han participado en los beneficios de las regiones dedicadas a la extracción de hidrocarburos. Es el candidato con el enfoque más crítico frente al extractivismo sin retribución territorial.
Sergio Fajardo
Energía Competitiva para el Caribe
Reconoce explícitamente que muchos empresarios en el Caribe colombiano no pueden producir porque los costos de gas y electricidad son impagables. Propone garantizar energía competitiva como primer incentivo para el crecimiento y la formalización empresarial en la región.
Fracking Técnico y Transición Gradual
Buscaría combinar la seguridad energética con una transición gradual, sostenible y basada en evidencia. Realizaría pilotos de fracking bajo evaluaciones técnicas y ambientales independientes, sin adoptarlo como política masiva.
Seguridad como Prerequisito
Propone reforzar la presencia institucional en territorios como la Sierra Nevada y los corredores del Caribe para garantizar condiciones de inversión y desarrollo productivo. Sin seguridad, ninguna propuesta económica es viable.
Agenda Caribe
En paralelo a las campañas nacionales, desde Cartagena emerge la "Agenda Caribe", una hoja de ruta propia elaborada por el movimiento Pacto Progresista por la Vida, que articula organizaciones de base de Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira. Sus coordinadores buscan incorporarla al Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030, presentando compromisos verificables a todas las candidaturas presidenciales.
Cuadro Comparativo
| Eje Estratégico | Iván Cepeda | Paloma Valencia | De la Espriella |
|---|---|---|---|
| Crisis energética / Air-e | Sin propuesta específica para el Caribe | Modelo de resultados + subsidio gas pipeta Alta | Plan Caribe + emergencia 90 días + pago deuda Muy Alta |
| Agua rural y saneamiento | Plan Nacional de acueductos rurales Alta | Ampliación universal de acueductos | Redirigir regalías ($18 bill.) a agua y vías |
| Vías terciarias | Plan Nacional específico Alta | Inversión masiva en infraestructura rural | UPRA + ordenamiento productivo obligatorio |
| Descentralización | Ordenamiento por regiones RAP/RAP Caribe | Ley diferenciada por región Alta | 7 Grandes Regiones Autónomas + Ptos. parlamentarios Muy Alta |
| Empleo formal / sector productivo | Reforma agraria + campesinos como sujetos | Agroindustria + seguridad jurídica + encadenamientos | Agroindustria + turismo + logística como sectores clave |
| Energías y recursos naturales | No fracking — prohibición absoluta | Fracking + compensación ambiental + producción 1M bbl | Fracking costafuera + hidrocarburos estratégicos |
| Regalías para el Caribe | Continuidad del SGP | Sin propuesta específica de redistribución | $18 bill. redirigidos hacia agua, vías y educación Alta |
| Ordenamiento territorial / POT | Planes de ordenamiento productivo por región RAP | Seguridad jurídica en predios rurales | Mapa UPRA obligatorio + zonificación productiva Alta |
| Vivienda | Continuidad programas Petro | Un millón de viviendas + reactivación Mi Casa Ya Alta | Vivienda rural en plan de ajuste fiscal |
| Identidad y reconocimiento | Paz con enfoque étnico-territorial | Biodiversidad + riqueza etnocultural | Documento propio "Pensar el Caribe desde el Caribe" |
Departamento de Sucre
Implicaciones para Sucre
El plan de acueductos rurales es crítico para municipios como San Marcos, Majagual, Sucre y San Benito Abad, que registran las coberturas más bajas del departamento. El Plan de Vías Terciarias es directamente aplicable a la red vial rural de La Mojana. La reforma agraria con titulación de predios campesinos tiene impacto en los municipios de La Mojana y Montes de María.
La descentralización diferenciada es pertinente para Sucre, que tiene una de las mayores brechas de autonomía fiscal del Caribe. La reactivación de Mi Casa Ya impacta directamente a Sincelejo y municipios con alto déficit habitacional documentado. La resolución de la crisis de Air-e reduce los costos operativos de entidades públicas municipales —factor relacionado con el déficit fiscal de Sincelejo ($42.514 millones, 2024)—.
El "Plan Caribe" con pago de deudas del Estado y reducción de tarifas energéticas es el instrumento más urgente para Sucre. La redirección de regalías hacia agua y vías es estratégica para los municipios de La Mojana —zonas productoras indirectas con las peores condiciones de servicios públicos del departamento—. El ordenamiento productivo UPRA puede estructurar el potencial agropecuario de Sucre (ganadería, yuca, ñame, arroz).
Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre, retiró su candidatura presidencial para aspirar al Senado por el Partido Liberal —partido que se alió con Paloma Valencia—. Esto sitúa al departamento en la órbita del bloque Valencia, lo que puede ser relevante para la gestión de recursos y proyectos estratégicos durante el cuatrienio 2026–2030.
Agenda Sucre: Lo que los Candidatos No Están Discutiendo
El sistema hídrico más complejo del norte de Colombia —municipios de San Marcos, Guaranda, Majagual y Achí— no figura en ningún programa presidencial con inversiones específicas. Urge una política de inundaciones, infraestructura de diques y reconversión productiva.
La controversia IGAC vs. autonomía municipal sobre los valores catastrales, ni el impacto del Decreto 0381/2026 (Minvivienda) en el ordenamiento territorial de Sucre, están siendo discutidos por ningún candidato. Es el eje del deficit de suelo apto para Sincelejo.
El déficit de $42.514 millones de Sincelejo en 2024 y la crisis fiscal estructural de municipios como Corozal, Sampués y Sincelejo exigen una propuesta nacional de saneamiento de finanzas municipales del Caribe que va más allá del SGP.
Sucre tiene la ZOFIS aún en proceso declaratorio. Ningún candidato ha propuesto acelerar o complementar el marco de zonas francas y zonas económicas especiales para los departamentos rezagados del Caribe interior.
El potencial turístico y pesquero del litoral sucreño (Tolú, Coveñas, Santiago de Tolú) con el Parque Nacional Natural Los Flamencos no tiene propuesta de desarrollo territorial en ningún programa de gobierno.
La crisis del PAE en Sincelejo bajo el gobierno de Yahir Acuña y las irregularidades en contratos de alimentación escolar hacen urgente una propuesta de control y supervisión directa del nivel nacional sobre municipios en crisis de gobernanza.
Conclusiones Analíticas
-
Déficit generalizado de propuestas territorializadasNingún candidato tiene un documento específico para Sucre. El Caribe aparece como región genérica, sin desagregar las diferencias críticas entre Barranquilla —potente, con continuidad institucional— y departamentos como Sucre, La Guajira o el sur de Bolívar. El nivel de especificidad territorial inversamente proporcional al rezago del territorio.
-
La crisis energética: el gran aglutinador del CaribeLos tres candidatos líderes tienen alguna propuesta sobre las tarifas de Air-e y el sistema eléctrico Caribe. Es el eje en que más coincide el diagnóstico, aunque difieren radicalmente en la solución: modelo de resultados (Valencia), Plan Caribe + emergencia declarada (De la Espriella) o abordaje difuso (Cepeda). La crisis de Air-e es el nodo más sensible para Sincelejo y los municipios cabecera.
-
La descentralización: apuesta estructural más transformadoraLa propuesta de De la Espriella de siete regiones autónomas y la Ley de Descentralización diferenciada de Valencia son las más relevantes desde la perspectiva del ordenamiento territorial. La eventual conformación del Caribe como Región Entidad Territorial (RET) —proceso ya iniciado desde las gobernaciones— puede acelerarse o frenarse según quién llegue a la Casa de Nariño.
-
La Mojana sigue sin ser agenda presidencialEl sistema hídrico más complejo del norte de Colombia, que abarca municipios claves de Sucre, Bolívar y Córdoba, no figura en ningún programa de gobierno con inversiones específicas. Es una oportunidad de incidencia directa desde el OCUC para posicionar este tema en el debate público nacional antes del 31 de mayo.
-
El catastro multipropósito: agenda pendiente no disputadaNingún candidato menciona explícitamente la controversia IGAC–autonomía municipal ni el impacto del Decreto 0381 de abril de 2026 (Minvivienda) en el ordenamiento territorial. Para un departamento con la precariedad catastral de Sucre, esto representa la mayor ausencia de todas las campañas desde el enfoque urbanístico.
-
Las regalías como instrumento de transformación CaribeLa propuesta de De la Espriella de redirigir $18 billones en regalías hacia agua, vías y educación es la más concreta y cuantificable de toda la campaña para el Caribe. Su aplicación en Sucre requeriría un mecanismo diferenciado para municipios que no son productores directos pero que padecen los efectos ambientales y demográficos de la explotación regional.
Decreto 0381 de 2026
Determinantes de ordenamiento territorial: coordinación, gestión de información geoespacial y autonomía municipal
Determinantes del Ordenamiento Territorial
Decreto
0381
de 2026
Determinantes de ordenamiento territorial: coordinación, gestión de información geoespacial y autonomía municipal
¿Por qué importa este decreto?
El Decreto 0381 de 2026 no opera en el vacío. Es la pieza reglamentaria final de una cadena normativa construida durante el Gobierno Petro para operacionalizar el principio de "ordenamiento alrededor del agua" inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 (Ley 2294/2023). Para analizarlo correctamente es necesario entender el ecosistema normativo en el que se inserta.
El artículo 10 de la Ley 388 de 1997 establece las determinantes de ordenamiento territorial: normas de superior jerarquía que los municipios deben incorporar obligatoriamente en sus POT. El artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 modificó ese artículo 10, ampliando el catálogo de determinantes para incluir, en su nivel 2, las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). El Decreto 0381 reglamenta cómo se producen, coordinan, gestionan y publican todas estas determinantes.
Los 4 pilares del decreto
Lo que cambia para los municipios
| Aspecto | Antes del D.0381 | Después del D.0381 | Impacto |
|---|---|---|---|
| Acceso a información geoespacial | Sin obligación formal de entrega; municipios dependían de la voluntad de CAR/IGAC | Obligación jurídica de publicar en formatos interoperables y accesibles | Positivo |
| Coordinación previa a determinantes | Las entidades podían expedir determinantes sin proceso de coordinación formalizado | Procedimiento de coordinación reglamentado antes de adoptar o modificar determinantes | Positivo |
| ZRC como determinante vinculante | ZRC era instrumento de ordenamiento social sin jerarquía explícita sobre el POT | ZRC incorporada en nivel 2 de determinantes; sus usos del suelo son vinculantes para el POT | Complejo |
| APPA en suelo rural | No existían como determinante formal | Protección de áreas productivas alimentarias pasa a ser norma de superior jerarquía | Complejo |
| Capacidad técnica local | Sin mecanismo formal de asistencia técnica vinculado a determinantes | Obligación de pedagogía territorial sistemática (pero sin recursos adicionales garantizados) | Riesgo |
| Municipios PDET y rurales | Baja capacidad de impugnar o verificar determinantes | Mismo escenario + 6 meses de transición sin claridad sobre asistencia técnica | Riesgo |
"El decreto consolida la jerarquía normativa nacional sobre el territorio municipal sin fortalecer simultáneamente la capacidad técnica local. Esto no es un problema del decreto en sí mismo: es el resultado de un modelo de descentralización incompleto que lleva tres décadas sin resolver la asimetría entre el nivel central y los municipios rurales."
OCUC · CPC Consulting — Análisis Decreto 0381/2026✓ Oportunidades reales
- ✓Municipios pueden exigir jurídicamente la entrega de información geoespacial a CAR, IGAC y Minvivienda para actualizar sus POT.
- ✓El lenguaje común SAT–ICDE puede reducir los conflictos de información entre niveles de gobierno.
- ✓La coordinación previa da a los municipios un punto de entrada formal en el proceso de expedición de nuevas determinantes.
- ✓La obligación de pedagogía territorial crea un mecanismo de rendición de cuentas sobre la socialización de las determinantes.
✗ Riesgos identificados
- ✗Municipios rurales con baja capacidad técnica no podrán aprovechar los nuevos derechos informativos en el plazo de transición.
- ✗La incorporación de ZRC como determinante puede generar conflictos de uso del suelo en territorios con vocación agroindustrial o ganadera.
- ✗El decreto no garantiza recursos adicionales para asistencia técnica municipal en el proceso de ajuste.
- ✗Los 6 meses de transición son insuficientes para municipios con POT desactualizados (más de una década en muchos casos).
Implicaciones para el Caribe colombiano
Para los municipios del Caribe colombiano, el Decreto 0381 opera en un contexto de vulnerabilidad institucional particular. La mayoría de los municipios de la región tienen EOT o PBOT —los instrumentos de menor complejidad— con más de una década sin actualización. La capacidad técnica de las oficinas de planeación municipal es precaria. Y las determinantes ambientales de la región —rondas de ciénagas, humedales, cuencas del Magdalena y Cauca, humedales costeros del Caribe— son territorialmente complejas y históricamente conflictivas.
La incorporación de las ZRC como determinante de nivel 2 es especialmente relevante para Sucre, Bolívar y Córdoba, donde existen procesos de constitución de ZRC en territorios con alta presión de expansión urbana, ganadería extensiva y agroindustria. Los municipios afectados deberán incorporar en sus POT los usos del suelo definidos por las comunidades campesinas organizadas, incluso cuando estos entren en conflicto con las apuestas de desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal.
Recomendaciones para alcaldes y equipos de planeación
Crecimiento Urbano de Sincelejo Sucre
Crecimiento urbano y transformaciones territoriales en más de un siglo — en el corazón de las Sabanas de Sucre, entre Corozal, Morroa, Sampués y Toluviejo.
1912 - 2025
Sincelejo
1912 — 2025
Crecimiento urbano y transformaciones territoriales en más de un siglo — en el corazón de las Sabanas de Sucre, entre Corozal, Morroa, Sampués y Toluviejo.
DEPARTAMENTO DE SUCRE
REGIÓN CARIBE · COLOMBIA
OCUC / CPC CONSULTING
2025
Atlas Urbano - Indicadores y Monitoreo - 2040
22 INDICADORES
CPC CONSULTING · 2025
Panel de Seguimiento 2025
Estado actual de los 22 indicadores del Sistema de Monitoreo Territorial. Los semáforos reflejan el avance respecto a la meta de Fase 1 (2028).
Los 22 Indicadores del SIMT
Haz clic sobre cualquier indicador para ver su ficha metodológica completa: descripción, fuente, línea base y metas por fase.
Metodología del SIMT
Arquitectura del sistema, niveles de indicadores, protocolo de seguimiento y criterios del semáforo.
| Estado | Criterio | Avance vs meta fase | Acción requerida |
|---|---|---|---|
| ● VERDE | En ruta | ≥ 85% | Documentar buenas prácticas. Sin intervención urgente. |
| ● AMARILLO | Con rezago | 50 – 84% | Identificar cuellos de botella. Alerta al Comité Estratégico. |
| ● ROJO | Crítico | < 50% | Mesa de emergencia en 30 días. Revisión de estrategia. |
| ● ND | Sin datos | — | Activar fuente de datos. El OCUC coordina con responsable. |
| Código | Nombre | Nivel | Unidad | Periodicidad | Meta 2028 | Meta 2040 |
|---|
Atlas Urbano - Sincelejo Sucre
Evolución poblacional según censos DANE. La ciudad multiplicó por 8,5 su población en 74 años impulsada por el desplazamiento forzado, la migración económica y la capitalidad departamental obtenida en 1966.
CARIBE COLOMBIANO
CPC CONSULTING · 2025
Trayectoria Demográfica 1912–2025
Evolución poblacional según censos DANE. La ciudad multiplicó por 8,5 su población en 74 años impulsada por el desplazamiento forzado, la migración económica y la capitalidad departamental obtenida en 1966.
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El Crecimiento Urbano por Períodos
Toca o haz clic sobre cada período para desplegar el análisis de avances, omisiones y eventos determinantes.
Patrón de Expansión Urbana
Esquema cartográfico conceptual de la dirección y naturaleza del crecimiento de Sincelejo por período. La ciudad creció en todas las direcciones sin un modelo territorial ordenador.
Las 6 Fracturas Estructurales
Problemáticas no resueltas durante el proceso de crecimiento urbano que condicionan el desarrollo de Sincelejo hacia 2040.
Panel de Indicadores Urbanos
Variables clave del estado actual de la ciudad contrastadas con estándares ONU-Hábitat y promedios nacionales.
| Indicador | Sincelejo | Referencia | Brecha |
|---|---|---|---|
| Espacio público efectivo (m²/hab) | ~2 | 15 (ONU-Hábitat) | −87% |
| Cobertura acueducto urbano | ~88% | 100% | −12% |
| Cobertura alcantarillado | ~75% | 100% | −25% |
| Vías intraurbanas pavimentadas | ~40% | 80%+ | −50% |
| NBI — Necesidades Básicas Insatisfechas | 40,4% | 14,1% (nac.) | +3× |
| Vivienda de origen informal (est.) | ~46% | <20% | +130% |
| Informalidad laboral | >60% | 47% (c. intermedias) | +28% |
| Participación en plusvalía capturada | ≈ 0 | Ley 388/1997 | No implementada |
| Víctimas del conflicto registradas | ~170.000 | ~54% pob. urbana | Singular en Col. |
Balance y proyecciones electorales 2026
El Informe Estratégico Electoral 2026 consolida y analiza encuestas de intención de voto en Colombia para proyectar tendencias presidenciales. Integra promedios, escenarios de primera y segunda vuelta, y dinámica del electorado, como herramienta estratégica para toma de decisiones políticas y planificación de campaña. Estudio realizado por Enfoque Estratégico y nuestro Observatorio Urbano
Estudio elaborado por ENFOQUE ESTRATÉGICO - CONSULTORA POLÍTICA en colaboración con el OBSERVATORIO DE CRECIMIENTO URBANO DE COLOMBIA
Proyección
Electoral 2026
El presente Informe Estratégico Electoral 2026 consolida, sistematiza y analiza de manera integral la información proveniente de las diferentes encuestas de intención de voto publicadas en Colombia, enriquecido con el análisis del impacto transformador de las consultas del 8 de marzo de 2026 sobre el mapa electoral. Este documento construye una lectura agregada actualizada del escenario presidencial, proyectando tendencias hacia la elección del 31 de mayo de 2026.
En un contexto político caracterizado por alta volatilidad, fragmentación del voto, emergencia de nuevos liderazgos y debilitamiento de las estructuras partidistas tradicionales, el análisis aislado de encuestas individuales resulta insuficiente para comprender la dirección real del proceso electoral. Por ello, este informe integra múltiples mediciones, metodologías y ventanas temporales —incluyendo el período post-consultas— permitiendo detectar tendencias sostenidas y diferenciar variaciones coyunturales de cambios estructurales en la opinión pública.
| Candidato | Estimación agregada | Rango probable | Piso | Techo | Tendencia | Prob. 2ª vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iván Cepeda |
36%
|
34% – 38% | 31% | 40% | ▶ Estable | 98% |
| Paloma Valencia |
22%
|
19% – 24% | 17% | 27% | ▲ Crecimiento acelerado | 72% |
| Abelardo de la Espriella |
18%
|
15% – 21% | 13% | 22% | ▼ Estancamiento post-consultas | 28% |
| Claudia López |
4%
|
2% – 6% | 2% | 8% | ▼ Caída estructural | 1% |
| Sergio Fajardo |
4%
|
3% – 6% | 2% | 8% | ▶ Plano | 1% |
| Voto en Blanco / Indeciso |
16%
|
12% – 20% | — | — | ▶ Variable | — |
| Origen del voto | → Cepeda | → Valencia | → De la Espriella | Abstención / Blanco |
|---|---|---|---|---|
| Votantes de Claudia López | 62% | 18% | 2% | 18% |
| Votantes de Sergio Fajardo | 55% | 25% | 3% | 17% |
| Votantes de De la Espriella (si no clasifica) | 14% | 68% | — | 18% |
| Voto indeciso | 46% | 43% | 3% | 8% |
Un ejercicio de validación rigurosa del modelo implica contrastar sus proyecciones con los datos reales de encuestas publicadas después del evento más disruptivo del ciclo: las consultas del 8 de marzo. Las siguientes tablas documentan las discrepancias más significativas.
| Candidato | Proyección modelo original | GAD3/RCN (19 mar) | CNC/Cambio (17-21 mar) | Guarumo/El Tiempo (25 mar) | Evaluación |
|---|---|---|---|---|---|
| Iván Cepeda | 40% | 35% | 34.5% | 37.5% | Sobreestimado +3–5 pts |
| Paloma Valencia | 22% | 16%* | 22.2% | 19.9% | Rango compatible post-consultas |
| A. de la Espriella | 17% (crecimiento acelerado) | 21% | 15.4% | ~18% | Tendencia invertida: decrece |
| Claudia López | 12% | 4% | N/D | 2.3% | Gravemente sobreestimada |
| Sergio Fajardo | 8% | 3% | N/D | 3.9% | Sobreestimado +4 pts |
* GAD3/RCN levantado antes que otras encuestas; subestimó el efecto post-consulta en Valencia
La desfavorabilidad constituye el principal límite estructural del crecimiento electoral. No obstante, a diferencia de la intención de voto —que puede fluctuar rápidamente— la imagen pública tiene mayor inercia, aunque no es inmodificable. El análisis agregado identifica que los candidatos con mayor intención de voto también concentran los niveles más altos de rechazo.
El análisis territorial es la variable más crítica omitida en la versión original del informe. Colombia no vota de manera homogénea: la geografía electoral define bloques con lógicas propias. A continuación se presentan las proyecciones por macrorregión.
1. Lógica de maquinaria sobre ideología. El Caribe colombiano tiene el mayor peso relativo del voto clientelar en el país. Los acuerdos entre candidatos presidenciales y élites locales (alcaldes, gobernadores, caciques políticos) pueden mover 8-12 puntos en departamentos como Córdoba, Sucre y Magdalena.
2. Sucre como caso especial. Es el único departamento donde De la Espriella y Cepeda están prácticamente empatados, con Valencia a distancia. El peso de Sincelejo como capital departamental (40% del padrón sucreño) hace que el resultado municipal influya directamente en el departamental.
3. La aprobación de Petro en el Caribe. El gobierno actual tiene aprobación inferior al promedio nacional en la costa Caribe, particularmente en Córdoba, Cesar y Sucre. Esto actúa como ancla negativa para Cepeda en la región.
4. Oportunidad para Valencia. Si construye alianzas con liderazgos locales del Caribe —especialmente en Córdoba y Cesar— puede escalar del 18% regional actual al 23-25%, cambiando el mapa.
- Mensajes de estabilidad económica con garantías al sector productivo
- Inclusión de figuras técnicas y no petristas en su equipo de gobierno visible
- Reducción de lazos discursivos con el gobierno actual en campaña
- Estrategia específica para el Caribe y el eje cafetero con énfasis en gobernabilidad
- Capitalizar el capital político de Oviedo en votantes urbanos independientes
- Complementar el discurso de seguridad con propuestas sociales concretas
- Construir alianzas en el Caribe colombiano con maquinarias locales
- Posicionarse como candidata de estabilidad y reconciliación, no solo de oposición
- Construir credibilidad institucional con propuestas económicas estructuradas
- Reducir el tono confrontacional que eleva su desfavorabilidad
- Concentrar campaña en regiones donde aún lidera: Córdoba y Llanos
- Negociar un acuerdo político con Valencia antes de primera vuelta
- Voto Caribe: quien gane alianzas locales en Sucre, Córdoba y Magdalena lleva 8-10 puntos de ventaja estructural
- Abstención diferencial: participación alta favorece al bloque progresista; baja, al bloque opositor disciplinado
- Percepción de gobernabilidad: el votante indeciso decide en la última semana por "quién me da más estabilidad", no por ideología
La proyección consolidada ubica a Iván Cepeda como líder de la primera vuelta, pero con una brecha más estrecha de la que proyectaban mediciones anteriores al 8 de marzo. Su principal limitante no es el voto duro —sólido en 28-31%— sino el techo impuesto por su rechazo del 37%, que lo hace vulnerable en territorios no petristas.
Paloma Valencia es la historia política del ciclo: de candidata marginal al 6-10% en enero, a segunda fuerza entre 19-22% en marzo. Su alianza con Oviedo amplía su base potencial y reduce su desfavorabilidad en sectores independientes. En segunda vuelta, si logra transferir el voto de De la Espriella (68% migra hacia ella según el modelo), supera a Cepeda en todos los escenarios probabilísticos.
La elección no está definida. El resultado dependerá de cuatro variables: reducción de desfavorabilidad, construcción de alianzas en el Caribe, percepción de gobernabilidad y movilización del voto indeciso en las dos últimas semanas.
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