Violencia, microtráfico y territorio (Sincelejo y Sucre)
El debate sobre la seguridad en Sincelejo y en el departamento de Sucre se ha visto atravesado por un discurso oficial que insiste en la existencia de un modelo exitoso para la reducción de la violencia. No obstante, las cifras consolidadas de homicidios correspondientes al año 2025 obligan a una lectura más rigurosa y menos autocomplaciente. Según el análisis presentado por el economista Deison Luis Dimas Hoyos, en Sucre se registraron 192 homicidios durante 2025, lo que representa un incremento del 2,7% frente al año anterior. Confirmando que la violencia no solo persiste, sino que se concentra territorialmente.
Más revelador aún es el perfil de estos homicidios. De acuerdo con Dimas, el 84,4 % fueron perpetrados con armas de fuego, casi el 80 % bajo la modalidad de sicariato y cerca del 69 % en zonas urbanas. Estos datos descartan cualquier interpretación que reduzca el problema a hechos aislados, riñas ocasionales o violencia doméstica. Lo que muestran es la consolidación de una violencia organizada, profesionalizada y funcional a economías ilegales que disputan el control del territorio.
Del total de homicidios, 62 ocurrieron en Sincelejo (+5%), lo que equivale al 32,3% del total departamental, mientras que 60 se registraron en la subregión del Golfo de Morrosquillo, es decir, el 31,25%. Estos dos territorios concentran casi dos terceras partes de los asesinatos, lo que revela con claridad que la violencia en Sucre es hoy, ante todo, urbana y estratégica, asociada a corredores económicos, turísticos y de control territorial.
En Sincelejo, los homicidios se presentan principalmente en comunas específicas que históricamente han presentado déficits urbanos, sociales y económicos. No se trata de una coincidencia estadística, sino de una relación estructural entre precariedad urbana y control criminal. Allí donde el Estado ha sido débil en planificación, espacio público, equipamientos y oportunidades, el microtráfico ha ocupado el lugar de regulador informal del territorio.
El microtráfico, principal detonante de estos asesinatos, no puede seguir siendo abordado como un delito menor ni como un problema exclusivamente policial. En Sincelejo y en buena parte de Sucre opera como una economía ilegal organizada, con jerarquías, reglas, financiamiento y uso sistemático de la violencia para disciplinar mercados y comunidades. El sicariato, lejos de ser un fenómeno marginal, se convierte en el mecanismo central de regulación de ese sistema. Capturar sicarios sin desmontar la estructura que los produce es una estrategia destinada al fracaso.
Aquí radica uno de los mayores errores del enfoque actual de seguridad: confundir contención con transformación. Los operativos, las capturas y el aumento del pie de fuerza pueden generar efectos momentáneos, pero no alteran las condiciones que permiten la reproducción del crimen. Mientras el microtráfico siga siendo rentable, territorialmente protegido y socialmente tolerado por miedo o ausencia de alternativas, los homicidios seguirán cumpliendo su función dentro de esa economía ilegal.
La lectura territorial del fenómeno es ineludible. Los datos muestran además incrementos dramáticos de homicidios en municipios del Golfo de Morrosquillo, como Santiago de Tolú y Coveñas, lo que evidencia un proceso de expansión y reconfiguración del crimen organizado. Esto confirma que la violencia no se elimina, sino que se desplaza hacia donde encuentra menor control institucional y mayores oportunidades estratégicas. Pretender que Sincelejo enfrente sola este fenómeno, sin una visión metropolitana y departamental, es desconocer la lógica real del microtráfico.
A esto se suma una falla estructural aún más profunda: la desconexión entre seguridad y planeación territorial. En Sincelejo, la ausencia de proyectos urbanos estratégicos, la no ejecución de operaciones previstas en el ordenamiento territorial y la debilidad del espacio público han creado escenarios ideales para el control criminal. La seguridad no puede seguir pensándose al margen del urbanismo, porque un territorio fragmentado y excluyente es, por definición, un territorio inseguro.
La violencia también es un síntoma de una crisis social no resuelta. Para amplios sectores juveniles, especialmente en barrios populares, el microtráfico y el sicariato ofrecen ingresos, identidad y sentido de pertenencia que el Estado no ha logrado garantizar. Sin políticas reales de educación, empleo y movilidad social, cualquier estrategia de seguridad seguirá atacando consecuencias y no causas. No se trata de programas simbólicos, sino de construir alternativas económicas y sociales que compitan directamente con el proyecto criminal.
Reducir de manera sostenida los homicidios en Sincelejo y Sucre exige abandonar el triunfalismo discursivo y asumir un cambio profundo de enfoque. Implica atacar el microtráfico como sistema económico, recuperar el control del espacio público, integrar la seguridad con la planeación urbana, ejecutar los proyectos estratégicos de ciudad y articular una gobernanza supramunicipal que entienda la violencia como un fenómeno territorial y no meramente policial.
Las cifras que presenta Deison Dimas Hoyos no son solo estadísticas: son una advertencia. Mientras sigamos administrando la violencia en lugar de desmontar sus causas estructurales, los homicidios seguirán marcando la vida cotidiana de nuestros territorios. La seguridad no se construye únicamente con fuerza pública, sino con ciudad, con oportunidades y con Estado real. Al microtráfico no se le derrota solo con capturas, sino quitándole el territorio, el dinero y el control social. Todo lo demás es relato.
