SEGUNDA VUELTA 2026
De la Espriella vs. Cepeda: nuevas economías, Colombia al horizonte 2050 y lo que está en juego para la región Caribe
SEGUNDA
VUELTA 2026
De la Espriella vs. Cepeda: nuevas economías, Colombia al horizonte 2050 y lo que está en juego para la región Caribe
de la Espriella
Cepeda
Segunda vuelta · Domingo 21 de junio de 2026 · Encuesta Atlas Intel/Semana (2 jun): De la Espriella 50,3% — Cepeda 42,6% · Diferencia primera vuelta: 2,84 pts
El 56,6% rechaza más a Cepeda como presidente —16 puntos por encima del rechazo a De la Espriella. Este diferencial de rechazo es el dato más relevante para entender la dinámica del voto útil el 21 de junio.
Lectura estratégica: De la Espriella alcanza el 50,3% —barrera psicológica clave— en la primera encuesta de segunda vuelta. La tendencia es de crecimiento sostenido desde enero, con un único descenso en mayo que se recuperó. Cepeda, en cambio, muestra un techo consolidado alrededor del 42–43%. El voto blanco/nulo/no sé se comprime a 7,1%: hay muy poco espacio de conversión. Con un rechazo de 56,6% hacia Cepeda —el más alto entre los dos— el escenario para el candidato del Pacto Histórico es estructuralmente difícil. No imposible, pero requeriría una movilización inédita de su electorado base y errores graves del contrario.
El punto de partida
Colombia eligió sus dos finalistas el 31 de mayo de 2026. Ninguno alcanzó mayoría absoluta y ambos llegan al balotaje del 21 de junio con menos de tres puntos de diferencia en primera vuelta. La primera encuesta de segunda vuelta —publicada por Atlas Intel / Semana el 2 de junio, la misma encuestadora que más se acercó al resultado del 31 de mayo— amplía ese margen: De la Espriella 50,3%, Cepeda 42,6%, una ventaja de 7,7 puntos. Más revelador aún es el dato de rechazo comparado: el 56,6% de los colombianos dice rechazar más a Cepeda como presidente, frente al 40,3% que rechaza más a De la Espriella. Una diferencia de 16 puntos en el indicador que mejor predice comportamiento electoral en segunda vuelta.
La serie temporal desde enero muestra un crecimiento sostenido de De la Espriella —con un único descenso en mayo rápidamente recuperado— y un techo estructural para Cepeda que no logra superar el umbral 42–43%. El voto blanco/nulo/no sé se comprime a 7,1%: hay muy poco espacio de conversión disponible. El escenario para Cepeda no es imposible, pero requeriría una movilización inédita de su base y errores graves del contrario.
Los vectores de momentum importan tanto como los programas. De la Espriella llega subiendo y sobre el 50%; Cepeda llega con un techo. Con un rechazo de 56,6% hacia el candidato del Pacto Histórico, la asimetría electoral es estructural, no coyuntural.
Lo que este análisis busca es distinto de la cobertura noticiosa: no quién va a ganar, sino qué implica cada modelo para Colombia al 2050, con especial énfasis en las nuevas economías y en lo que cada programa significa —o no significa— para la región Caribe y el departamento de Sucre.
Abelardo de la Espriella
La columna vertebral de su propuesta macroeconómica es alcanzar tasas de crecimiento del PIB de entre 6% y 7% anual —más del doble de la dinámica actual— mediante un ajuste fiscal de $70 billones COP y la reducción del Estado en una cuarta parte. El lema que lo sintetiza: "pasar de administrar escasez a desatar abundancia". Sus referentes declarados son Bukele y Milei. La fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo, ancla el perfil en la ortodoxia fiscal del gobierno Duque.
La promesa central es generar 3 millones de empleos en cuatro años mediante flexibilización laboral radical: contratos por horas, híbridos y por proyectos. La seguridad jurídica para la inversión extranjera es el eje transversal de toda su arquitectura económica.
- Trabajo digital: internet gratuito para que jóvenes de cualquier municipio puedan trabajar remotamente para empresas internacionales. Es inserción en cadenas globales de valor digital, no construcción de ecosistemas endógenos.
- Tecnología institucional: blockchain como herramienta por defecto en contratación pública para 2030. Una señal concreta de modernización del Estado, aunque acotada.
- Energía: recuperar la exploración y producción de petróleo y gas con seguridad jurídica, acelerar proyectos costa afuera, y —explícitamente— transformar el sistema eléctrico de la Costa Caribe. La transición energética no aparece como vector económico sino como meta de eficiencia.
- Sector minero-energético: rechazo explícito a tratarlo "con prejuicios ideológicos". Revivalismo extractivista como base de estabilidad fiscal.
Aquí está la capa de este programa que más interesa al análisis territorial y que la cobertura mediática ha subvalorado. La fórmula De la Espriella-Restrepo no propone simplemente achicar el Estado: propone trasladar el Estado hacia los territorios. El mecanismo es una Ley de Competencias que profundice la descentralización entregando más responsabilidades y recursos a departamentos y municipios, en articulación con la reforma al SGP aprobada en diciembre de 2024 y un rediseño del SGR para que los recursos lleguen con menos intermediación burocrática del centro.
El propio De la Espriella lo dijo ante la cumbre de gobernadores de la FND: "Las regiones no serán rehenes del Gobierno" y "No puede ser que se asignen obligaciones sin presupuesto". Asumió un "compromiso total" para que la Ley de Competencias se articule e implemente cuanto antes, ligándola explícitamente a la reducción del tamaño del Estado central. La lógica es: cuando el Estado nacional se adelgaza, los recursos del SGP pesan más en proporción dentro del presupuesto territorial. Un ajuste fiscal de $70 billones en el centro puede significar, si se hace bien, un aumento relativo del poder de gasto en Sincelejo, Montería o Riohacha.
Restrepo complementa el argumento desde el ángulo técnico: la descentralización de funciones debe acompañarse de más responsabilidades para los entes territoriales y de la eliminación de agencias redundantes —INVIMA, ICA, superintendencias— que hoy capturan recursos que podrían fluir hacia los territorios. Su rol en el gobierno, según ha explicado, no será el de un ministro de Hacienda en la sombra sino el de articulador con el mundo exterior, atrayendo inversión en áreas de vanguardia como inteligencia artificial y energía nuclear, y operando como el "Marco Rubio del gobierno del Tigre".
Define qué le corresponde a cada nivel de gobierno. Elimina la superposición de funciones entre nación, departamentos y municipios. Comprometida para los primeros 100 días.
Aprovecha la reforma de diciembre 2024. Al reducir el Estado central, el SGP gana peso proporcional. En municipios donde ya representa el 60–70% del presupuesto, ampliar su participación redefine la relación fiscal Bogotá-regiones.
Reactivar exploración y producción incrementa el volumen de regalías disponibles para los territorios. La apuesta es que más regalías + menos OCAD + menos burocracia = más inversión territorial real.
Recorte del 40% en gastos públicos nacionales para 2030. El ahorro no se acumula en Bogotá: se redistribuye hacia competencias territoriales. La tesis: Estado central más pequeño = regiones más autónomas.
La crítica técnica más sólida viene de la propia Misión de Descentralización: "Dar más plata per se no soluciona el problema si no está acompañado de un rediseño de la lógica de las relaciones entre niveles de gobierno, porque vamos a transferir dineros y competencias como si todos tuvieran las mismas capacidades cuando el país es muy desigual." En municipios como los del sur de Sucre, la Mojana o el Bajo Cauca, la capacidad institucional para ejecutar recursos es limitada. Transferir competencias sin fortalecer esa capacidad puede profundizar, paradójicamente, la brecha entre municipios capital y municipios rurales rezagados.
El modelo De la Espriella-Restrepo tiene una lógica territorial que no es simplemente neoliberal: es descentralizadora. La reducción del Estado central se plantea como la condición para que los recursos fluyan hacia los territorios con mayor autonomía. El problema no es la dirección del argumento —que es correcta— sino los supuestos institucionales que requiere: la Ley de Competencias implica reformas profundas de gobernanza que Colombia lleva décadas intentando y que ningún gobierno ha podido cerrar en un solo período. Sin política industrial activa y sin fortalecimiento diferenciado de capacidades municipales, la descentralización puede beneficiar a Barranquilla y Cartagena, pero llegar tarde a Sincelejo, Lorica o San Marcos.
Iván Cepeda
El programa de Cepeda es, en su núcleo, la profundización del ciclo Petro. Sus cuatro ejes —revolución ética, social-económica, territorial y agraria— buscan redistribuir riqueza y expandir presencia estatal, financiados mediante progresividad tributaria: gravamen a grandes fortunas, reducción de exenciones empresariales y control de evasión vía DIAN. Propone un Banco del Pueblo para erradicar la pobreza monetaria que afecta a cerca de 17 millones de colombianos.
La revolución agraria es su apuesta más ambiciosa: Colombia como potencia agroalimentaria mundial, con formalización masiva de tierras, 30.000 km de vías terciarias bajo el programa Vías para la Paz y gestión pública del agua como derecho estratégico.
- Transición energética: acelerar la sustitución de combustibles fósiles, impulsar energías limpias y restringir el fracking. La más consistente agenda de economía baja en carbono entre los dos finalistas.
- Bioeconomía latente: soberanía alimentaria, protección de ecosistemas, sustitución de economías ilícitas. No se articula explícitamente como economía de la biodiversidad, pero sus elementos están.
- Tecnología cívica: herramientas digitales para combatir extorsión y secuestro, contratación con juntas de acción comunal. Tecnología al servicio del Estado social, no del mercado.
- Economía popular: el Banco del Pueblo y la Alianza Público-Popular para que organizaciones comunitarias ejecuten obras del Estado. Una forma heterodoxa de economía solidaria territorializada.
Cepeda ofrece más sensibilidad territorial y ambiental, pero su apuesta productiva central sigue siendo agraria-redistributiva, no de industrialización compleja. La transición energética está articulada como protección ambiental más que como oportunidad para nuevas industrias —hidrógeno verde, minerales críticos, servicios ambientales— que Colombia está en condición de desarrollar.
Nuevas Economías: frente a frente
| Eje de nueva economía | De la Espriella | Cepeda |
|---|---|---|
| Economía del conocimiento | Inserción subordinada — trabajo remoto para empresas globales Parcial | Educación pública como base; sin política industrial explícita Parcial |
| Transición energética | Revivar hidrocarburos + modernizar red eléctrica costeña Regresivo | Acelerar renovables, restringir fósiles, anti-fracking Presente |
| Bioeconomía | Ausente en el programa Ausente | Soberanía alimentaria; no articulada como industria Latente |
| Economía digital / IA | Blockchain en contratación; internet para trabajo remoto Parcial | Tecnología anticriminal y cívica Parcial |
| Economía circular | No aparece Ausente | No aparece Ausente |
| Minerales críticos | Seguridad jurídica para extractivas Parcial | Restricciones ambientales fuertes Restrictivo |
| Trabajo del futuro | Flexibilización radical: contratos por horas, híbridos Parcial | Protección salarial, "salario vital" Presente |
| Descentralización fiscal | Ley de Competencias + SGP + SGR reformado. Reducir Estado central para que los territorios tengan más peso proporcional Explícito | Ley de Competencias + LOOT desde comunidades. Pactos territoriales con cifras ambiciosas; fuente de financiamiento poco clara Parcial |
| Ciudades inteligentes / política urbana | No aparece Ausente | No aparece Ausente |
Ninguno de los dos tiene un programa de economía del siglo XXI con la densidad que Colombia necesita. De la Espriella apuesta a que el mercado libre las construya solo; Cepeda apuesta a que el Estado social las financie. Ambas son respuestas incompletas al desafío de 2050.
El Caribe: lo que realmente está en juego
Esta es la lectura que más importa desde el OCUC. El Caribe colombiano no aparece como gran apuesta programática en ninguno de los dos candidatos: aparece como votos a ganar. La diferencia está en el tipo de ausencia: una es por exceso de mercado, la otra por exceso de promesa redistributiva sin motor productivo.
El Caribe aparece en su programa con más densidad que en la mayoría de candidatos anteriores, aunque de manera heterogénea. La mención explícita a transformar el sistema eléctrico de la Costa Caribe es la señal infraestructural más concreta. La apuesta energética —costa afuera, gas estratégico, renovables del norte— convierte a la región en pieza clave de su modelo productivo, no solo en votantes.
La clave más relevante para el análisis territorial es la combinación Ley de Competencias + SGP + SGR: si el ajuste fiscal del Estado central se implementa correctamente, los departamentos y municipios del Caribe recibirían más recursos con mayor autonomía de ejecución. En una región donde el SGP ya representa entre el 60% y 70% del presupuesto municipal en la mayoría de los municipios, incluso un incremento marginal en la participación territorial tiene un efecto redistributivo significativo.
Sin embargo, su modelo de zonas económicas especiales y atracción de IED corre el riesgo de generar enclaves productivos en Barranquilla y Cartagena sin derrame hacia ciudades intermedias como Sincelejo, Montería o Valledupar. La ventaja política de ser costeño y outsider le da legitimidad discursiva en la región, pero no reemplaza una política diferenciada de desarrollo urbano para el interior del Caribe.
La revolución territorial y agraria de Cepeda tiene más potencial redistributivo para el Caribe: los 30.000 km de vías terciarias, la formalización de tierras, los programas de sustitución de economías ilegales. El componente de fortalecimiento de la presencia estatal en zonas históricamente abandonadas es directamente pertinente para los municipios del interior del Caribe y la Depresión Momposina.
Sin embargo, su programa no tiene agenda específica para ciudades intermedias caribes ni para los rezagos en planeación urbana y ordenamiento territorial. La continuidad Petro implica también la continuidad de los problemas de ejecución y de las tensiones fiscales de los últimos cuatro años.
La propuesta De la Espriella-Restrepo tiene una paradoja que es decisiva para Sucre: el mismo argumento que la hace atractiva para las regiones —transferir funciones y recursos al territorio— es el que puede perjudicar a los municipios con menor capacidad institucional. Un modelo que reduce el Estado central en una cuarta parte y transfiere competencias asume que todos los entes territoriales pueden ejecutar bien. En Sucre, donde la informalidad supera el 68%, los micronegocios son 162.890 y el déficit presupuestal de 2024 fue de $42.514 millones, la capacidad de absorber y ejecutar nuevas competencias es limitada. La Ley de Competencias puede beneficiar a Barranquilla y Cartagena antes que a Sincelejo y San Marcos. Por su parte, la propuesta de Cepeda de expandir beneficiarios de Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven sin una fuente de crecimiento productivo endógena para el departamento perpetúa la dependencia de transferencias sin transformar la estructura económica de Sucre. Ninguno de los dos tiene una respuesta para la terciarización espuria que define la economía sucreña.
Colombia al horizonte 2050
Una Colombia que transfiere poder fiscal y de gestión hacia los territorios mediante la Ley de Competencias y el SGP reformado, mientras el Estado central se adelgaza. Los departamentos y municipios con mayor capital humano e institucional —Bogotá, Medellín, Barranquilla— aprovechan la autonomía y se consolidan. Los territorios rezagados, sin esa capacidad, quedan expuestos al mercado en condiciones asimétricas. Al 2050, el Caribe podría tener un archipiélago de enclaves modernos en las capitales costeras y economías deprimidas en el interior departamental. La descentralización sin igualación de capacidades no es equidad: es geografía del capital.
Una Colombia que profundiza la redistribución y construye un piso social más amplio —condición necesaria pero no suficiente— sin resolver la diversificación productiva ni la competitividad estructural. El riesgo al 2050: un Estado más grande que no logra financiarse porque la base tributaria no crece al ritmo que crece el gasto. El Caribe tendría más cobertura social pero seguiría sin motor económico endógeno, con terciarización espuria persistente.
Lo que ninguno de los dos dice es que Colombia 2050 requiere una política explícita de ciudades intermedias, de industrialización ligada a la biodiversidad y a los minerales estratégicos, de formación técnica territorializada, y de planificación regional vinculante. La transición de una economía extractiva-terciaria a una economía del conocimiento con arraigo territorial no ocurre por default de mercado ni por expansión de transferencias: requiere política urbana y territorial deliberada.
La segunda vuelta del 21 de junio no es solo un referéndum ideológico: es una disputa sobre el modelo de relaciones entre el Estado central y los territorios para los próximos veinte años. La propuesta De la Espriella-Restrepo tiene una lógica descentralizadora real —Ley de Competencias, SGP reformado, SGR con menos intermediación— que la cobertura mediática ha simplificado como mero recorte neoliberal. Esa lectura es incompleta. El argumento de que achicar el Estado central puede, si se hace bien, fortalecer a los territorios, es técnicamente válido. El problema es el "si se hace bien": supone capacidades institucionales que Colombia no tiene distribuidas equitativamente, y que la Ley de Competencias sola no puede crear. Cepeda, por su parte, no resuelve el problema de fondo: más transferencias sin motor productivo endógeno perpetúan la dependencia. El Caribe no necesita un gobierno que lo vea como votantes ni como receptores de regalías: necesita uno que construya las condiciones para que sus ciudades y territorios sean productores activos de la economía del siglo XXI. Esa agenda no está escrita en ninguno de los dos programas. Escribirla —desde el análisis territorial— es la tarea.
